Gobierno busca castigar a quienes evadan peajes electrónicos: multa costaría hasta cinco veces más

CAFE DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo depositó este miércoles en el Senado de la República un proyecto de ley con el cual procura establecer un nuevo régimen de sanciones para quienes incumplan las reglas al momento de utilizar los peajes del país.

Además de permitir, a través de una legislación, la colocación de los peajes electrónicos, el Gobierno propone este tipo de sanciones que aún no están tipificadas en ningún marco legal.

La pieza, entregada por el director de RD Vial, Hostos Rizik; lograría un castigo pecuniario para aquellos ciudadanos que transiten por un punto de cobro de peaje, sin realizar el pago correspondiente.

Esta iniciativa también enfrentaría a quienes transiten en un carril con un vehículo de una categoría para el cual no está habilitado.

Asimismo, amonestaría cuando registre vehículos con la placa ocular, ilegible, alterada o sin esta identificación, entre otras maniobras.

Por último, procura aplicarle una pena a quienes fuercen, evadan o dañen las barreras, señales y equipos de las casetas donde se deben pagar los peajes.

¿Cuáles serán las multas?

La institución encargada de administrar, operar y fiscalizar ese sistema en las vías públicas, RD Vial, colocaría una multa de “cinco veces” el costo del peaje para quienes lo utilicen sin pagarlo.

“La multa (no podrá) ser inferior a 500 pesos”, versa el artículo 280-10 del documento.

Mientras que correspondería un pago de “10 veces más” cuando un vehículo se movilice por un carril del punto de peaje, para el cual no está preparado.

Con un mínimo de RD$5,000 y especificando que la pena sería de 20 veces más el costo del peaje correspondiente, RD Vial afectaría a aquellos que no utilicen una placa clara, así como a los que perjudican artefactos de las estafetas.

“Cuando en un mismo día y respecto de un mismo vehículo se registren varios tránsitos sin pagos, se impondrá una multa por día, calculada sobre la suma de los peajes no pagados”, indica el proyecto.

La legislación propuesta habilitaría también al Gobierno a actualizar cada dos años los montos antes mencionados, conforme a las variaciones del índice de precios al consumidor elaborado por el Banco Central.