Jet Set: la decisión valiente más cobarde

CAFE DIARIO, SANTO DOMINGO.- El viernes 16 de octubre, el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, varió la calificación del caso Jet Set. Lo que era homicidio involuntario ahora es homicidio voluntario por dolo eventual. Hubo aplausos en la sala, lágrimas afuera y titulares por todas partes. Al juez lo están tratando como un enviado de Dios.

Yo no puedo aplaudir. Respeto el dolor de las familias de las 236 víctimas y les extiendo toda mi solidaridad. Pero el derecho represivo no se escribe con aplausos, y alguien tiene que decir en voz alta lo que muchos abogados están comentando en voz baja.

Ese juez tomó, con mucha valentía, una decisión cobarde. Valiente frente a las cámaras, cobarde frente a la ley. Porque la misma decisión que lo coronó como redentor social le quitó el caso de las manos: al subir la pena por encima de lo que su sala puede conocer, tuvo que declinarlo a un tribunal colegiado. Se quedó con la gloria. A otros tres jueces les dejó la factura.

Y ojo con un detalle que nadie está mirando: ni siquiera el Ministerio Público, que investigó este caso durante más de un año, sostuvo el dolo eventual. La Fiscalía mantuvo el homicidio involuntario hasta el final. Y el propio juez calificó esa acusación de casi perfecta; lo único que, según él, le faltaba para ser perfecta fue justamente lo que utilizó para su huida jurisdiccional: el nombre del delito.

Vamos a lo técnico, pero en forma llana.

En el dolo eventual y en la imprudencia pasa lo mismo al principio: la persona ve el riesgo. La diferencia está en lo que hace con ese riesgo en su cabeza. En la culpa consciente, confía en que no va a pasar nada. En el dolo eventual, lo acepta: “si pasa, que pase”.

Piense en un hombre con un balcón agrietado. Sabe que tiene grietas, lleva años así y nunca ha pasado nada. Un domingo monta ahí la fiesta, con su mamá y su hermana incluidas, porque está convencido de que aguanta. Si el balcón se cae, ese hombre fue un irresponsable. Ahora piense en otro que sabe que se va a caer y dice: “si se cae, que se caiga”. Ese sí acepta el resultado. El primero no monta a su familia ahí para matarla; la monta porque cree que no va a pasar nada.

Antonio Espaillat estaba fuera del país esa noche. Se enteró por una llamada de su hermana, que estaba debajo de los escombros. Su madre también estaba adentro. Alguien en su sano juicio cree que este hombre “aceptaba” que el techo cayera sobre su madre y su hermana?

A eso súmele lo obvio. El Jet Set era el negocio de su familia desde hace más de 30 años. Cada persona que entraba por esa puerta era dinero para él. El móvil no es un elemento del delito, es verdad, pero sí es una pista de lo que alguien aceptó o no. Nadie acepta matar a sus clientes derrumbando su propio negocio.

Y luego está Maribel Espaillat, la coimputada. Ella estaba en la discoteca cuando el techo se vino abajo. Decir que fue complice para aceptar la muerte de los que estaban a su alrededor es decir que aceptó la suya propia. Por esa lógica, solo falta acusarla de complicidad en su propia ¨tentativade suicidio¨.

La acusación dice que empleados le advirtieron a Antonio Espaillat, en los días previos, sobre problemas en el techo. Eso es grave y habrá que juzgarlo. Pero una advertencia ignorada es la definición misma de la negligencia, no la prueba de que alguien quería o aceptaba que 236 personas murieran por eso.

Y hay que juzgar con los ojos de antes, no con los de ahora. Hoy, si cae un pedacito de plafón, arenilla o concreto en cualquier local del país, se desaloja, porque el Jet Set nos enseñó a tener miedo. Pero durante 30 años, en ese mismo local, se caían plafones y no pasaba nada más. La experiencia les decía que se cae el plafón, no que se cae el techo. Para aceptar un resultado, primero hay que verlo venir. Es muy fácil ser profeta después de la tragedia.

Hay algo más. Los hechos ocurrieron en abril de 2025, así que se rigen por el Código Penal anterior. El artículo 295 castiga a quien “voluntariamente” mata. El 319 castiga a quien mata por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos. Léalo otra vez: es la descripción exacta de lo que cuenta la Fiscalía.

El propio juez varió la calificación sin cambiar un solo hecho de la acusación; de hecho, dijo que la teoría fiscal quedó probada. Mismos hechos, otro nombre, otra pena.  Seamos honestos. Este pleito de dolo eventual contra imprudencia no es un debate jurídico. Es un debate sobre años de cárcel disfrazado de doctrina.

El homicidio involuntario del Código anterior se castiga con tres meses a dos años de prisión. Y como en nuestro sistema las penas no se suman, da igual que sean 236 muertos: el techo sigue siendo dos años. Eso es lo que indigna a la gente, y con razón. A mí también me indigna.

Pero hágame un favor y piense esto: si el homicidio involuntario tuviera 15 años de pena, alguien estaría pidiendo dolo eventual? Nadie. La variación no nació de una convicción técnica; nació de una pena que la sociedad considera insuficiente.

Cuando la ley castiga poco, se cambia la ley. No se estira el caso hasta que quepa en otro artículo. Y la reforma penal, buena o mala, llegó tarde para este caso: la Constitución prohíbe aplicar una ley penal de forma retroactiva en perjuicio del imputado. Eso no es un tecnicismo; es lo que nos protege a todos de que un juez decida la pena según su humor.

Ahora viene lo que nadie quiere ver. El caso se va a un tribunal colegiado, por sorteo, y el juicio empieza desde cero. Dieciocho meses después de la tragedia, las víctimas vuelven a la primera audiencia. Esa es la decisión “a favor de las víctimas”.

Tres jueces van a tener que escuchar otra vez a cada testigo y a cada perito. Y si aplican la ley como es, sin dolo eventual, porque no hay forma seria de sostenerlo, van a condenar, a lo sumo, a dos años. En la sala se habrán pedido 20.

Ya sabemos lo que les pasará ese día a los jueces de ese colegiado. Las redes, los programas y la calle se los van a comer vivos. Los van a llamar vendidos, cobardes, cómplices. Y el juez que creó esa expectativa estará tranquilo en su casa, con la conciencia de quien un día fue el redentor social del caso Jet Set, recibiendo felicitaciones por una decisión que nunca tuvo que sostener hasta el final.

Eso no es valentía. Valiente es el juez que dice lo que la gente no quiere oír y carga con las consecuencias que le impone su investidura. Este hizo lo contrario: dijo lo que la gente quería oír y les pasó las consecuencias a otros.  Las familias del Jet Set merecen justicia, y merecen que se les diga la verdad: la ley vigente para este caso tiene un techo, y ningún juez puede romperlo con un discurso. Venderles otra cosa es jugar con su dolor.

Un juez no está para ser querido. Está para aplicar la ley, aunque lo insulten en los pasillos del Palacio. El que decide pensando en el aplauso no está haciendo justicia; está haciendo campaña.  Ese viernes no ganó la justicia. Ganó un juez. Los aplausos se apagan. Las sentencias quedan, y alguien tendrá que firmarlas.

Que conste mi pésame anticipado por la reputación de los jueces que harán lo correcto. El entierro será en las redes, y el sepulturero ya fue aplaudido.

Lic. Omar Chapman Reyes,

abogado litigante.