El Senado de Paraguay comienza el juicio político contra el presidente Santiago Peña

CAFE DIARIO, PARAGUAY.- El Senado de Paraguay comenzó este jueves, tras horas de incertidumbre luego de la renuncia del presidente Santiago Peña, a la que no se dio curso en el Congreso por falta de cuórum, un juicio político contra el gobernante por «mal desempeño de sus funciones», ante sus vínculos con el intervenido Ueno Bank, que recibió durante su gestión millonarios recursos de entidades del Estado.

Santiago Peña anunció este jueves, poco después de que fracasara por falta de cuórum una sesión en el Congreso para tratar su renuncia, que se presentará y ejercerá su «derecho a la defensa» en el juicio político que deberá enfrentar en el Senado a raíz de la crisis por el cierre de Ueno Bank.

Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia«, prometió en su cuenta de X.

Santiago Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, ya que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.

Crisis por Ueno y fondos congelados

La intervención de la entidad bancaria Ueno, con la que se ha vinculado a Peña, desató una crisis política y financiera en el país, donde los fondos de casi la mitad de la población paraguaya, entre ellos, entidades del Estado, quedaron congelados.

Peña, que no ha comparecido en público desde que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el proceso de resolución contra Ueno, señaló que aportará la información que le sea requerida e indicó que el pago a los ahorristas «no puede quedar pendiente de lo que ocurra» con él.

La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas», agregó.

El Banco Central detectó que el índice de solvencia del banco Ueno, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, «como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización».