¿Por qué la ONU no ha logrado frenar las restricciones contra las mujeres afganas?

NUEVA YORK.- Desde el regreso del Talibán al poder en Afganistán en 2021, las mujeres y niñas del país han enfrentado restricciones cada vez más severas sobre su educación, trabajo, movilidad y participación en la vida pública.

Aunque la Organización de las Naciones Unidas ha condenado reiteradamente estas medidas, la situación plantea una pregunta que continúa generando debate internacional: ¿por qué las denuncias y llamados de la ONU no han conseguido revertirlas?

La propia ONU reconoce que las autoridades de facto han mantenido un sistema de restricciones que afecta prácticamente todos los ámbitos de la vida de las mujeres. En septiembre de 2026, funcionarios de Naciones Unidas volvieron a advertir ante el Consejo de Seguridad sobre la falta de avances en materia de derechos de mujeres y niñas.

Entre las principales limitaciones se encuentran la prohibición de la educación secundaria para las niñas, restricciones al empleo femenino, dificultades para acceder a determinados servicios y una reducción de la participación de las mujeres en los espacios públicos. El secretario general de la ONU, António Guterres, también ha señalado en 2026 que las niñas afganas continúan excluidas de la educación secundaria.

El problema es que la ONU no funciona como un gobierno mundial ni cuenta con una fuerza propia para imponer directamente sus decisiones dentro de Afganistán. Su capacidad depende de la cooperación de los Estados miembros, de las decisiones del Consejo de Seguridad, de la diplomacia y de las condiciones políticas y de seguridad sobre el terreno.

A esto se suma que las propias operaciones de Naciones Unidas dentro de Afganistán han sido obstaculizadas. En 2026, la organización denunció que las autoridades impiden a parte del personal femenino afgano de la ONU acudir a sus lugares de trabajo, una situación que también dificulta la entrega de asistencia humanitaria a las mujeres.

La ONU ha continuado utilizando la presión diplomática. En octubre de 2026, la subsecretaria general Rosemary DiCarlo volvió a plantear directamente ante las autoridades afganas las restricciones que afectan a las mujeres y niñas, especialmente su acceso a la educación.

El caso afgano evidencia así uno de los mayores desafíos de la comunidad internacional: denunciar una violación de derechos humanos no significa tener la capacidad inmediata para detenerla.

Mientras continúan los llamados internacionales, millones de mujeres y niñas afganas permanecen afectadas por unas políticas que Naciones Unidas ha calificado como sistemáticas y profundamente restrictivas de sus derechos fundamentales.