CAFE DIARIO, OPINION.- El dilema de la legitimidad tributaria se centra en por qué los ciudadanos aceptan pagar impuestos y cuándo consideran justa esa obligación. No depende solo de la ley, sino de la percepción de equidad, transparencia y buen uso de los recursos públicos. Cuando el sistema se percibe justo y eficiente, aumenta el cumplimiento; cuando hay desigualdad o corrupción, surge desconfianza y evasión. Este dilema refleja la tensión entre la obligación de contribuir y la percepción de justicia por parte de la sociedad.
En la actualidad, el debate sobre la tributación de la economía digital, luego de las declaraciones del director de la DGII, ha tomado un primer plano. Desde nuestro enfoque técnico-legal, basado en la legislación nuestra (Ley No. 11-92 y Art. 243 de la Constitución), aplicar el 18% de ITBIS a las plataformas digitales resulta regresivo y lesivo para el contribuyente, ya que desvirtúa el principio de territorialidad tributaria y traslada íntegramente el costo económico al consumidor final.
La alternativa idónea para recaudar sin afectar el bolsillo del ciudadano consiste en abandonar la vía del impuesto indirecto al consumo y reformar las reglas del Impuesto sobre la Renta (ISR) para introducir la figura de la "Presencia Digital Significativa", que es un concepto tributario internacional diseñado para cobrar impuestos a las empresas extranjeras que operan en línea, utilizado en la Unión Europea, India, Colombia y Argentina; o bien, aplicar retenciones directas en la fuente sobre los pagos al exterior, como lo establece el Código Tributario (Art. 305). Pero esta implementación debe ser mediante un acuerdo internacional que se realice bajo consenso, ya que nuestro código establece leyes territoriales; en ese sentido, la base es el derecho internacional, obligando a las multinacionales a tributar con base a sus utilidades y a su verdadera capacidad contributiva generada en el país.
El discurso del Estado y de la Dirección General de Impuestos Internos se repite como un ideal indiscutible de que su objetivo es “lograr el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, pero esta afirmación encierra una tensión difícil de ignorar: ¿cómo puede el Estado, cuya autoridad se sustenta en la potestad de exigir y sancionar, producir algo tan personal como la voluntad de cumplir? Más que administrar conductas, el verdadero desafío parece estar en construir las condiciones que hacen posible ese cumplimiento, pues este no depende únicamente de leyes o controles, sino de la confianza en las instituciones, de la percepción de justicia del sistema y de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Cuando estos elementos están presentes, pagar impuestos deja de ser una imposición y pasa a ser una expresión del pacto social; pero cuando se erosionan, ninguna estrategia de fiscalización resulta suficiente, evidenciando que el cumplimiento voluntario no se decreta ni se controla: se construye.
Hacemos un llamado al Estado dominicano a forjar su estrategia en fomentar la confianza y la cercanía del ciudadano con la DGII, la cual debe pasar de un enfoque punitivo a uno facilitador: simplificar el cumplimiento, otorgar facilidades de pago basadas en la capacidad del contribuyente, reducir la burocracia, realizar una campaña abierta, ofrecer menos trabas y más tranquilidad, ampliar la base tributaria de forma equitativa y garantizar un gasto público transparente que convierta los impuestos en una inversión social visible.
“En la República Dominicana, el pago de impuestos es una obligación legal, pero la confianza en su adecuado uso sigue siendo una aspiración pendiente.”
No Comments yet!