CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, aclaró este sábado que la resolución 15-2025 emitida por la Junta Central Electoral (JCE) no altera la distribución de los fondos públicos asignados a los partidos políticos, sino que modifica el criterio para definir la posición de estas organizaciones en la boleta electoral.
Durante el acto de graduación del Diplomado Especializado en Administración Electoral, impartido por la JCE, Freund explicó que esta resolución responde a un fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE), y establece un nuevo método para calcular el porcentaje de votos obtenidos por los partidos. A partir de ahora, se sumarán todos los votos válidos obtenidos por cada partido en las distintas elecciones (congresuales, municipales y presidenciales) para determinar su porcentaje total y, en base a este, su ubicación en la boleta. “Antes solo se consideraba el mayor porcentaje obtenido en una de las elecciones. Con este nuevo criterio, algunos partidos aumentaron su porcentaje total y, por tanto, mejoraron su posición en la boleta electoral”, detalló el funcionario.
Aunque reconoció que el cambio indirectamente beneficia a ciertas organizaciones en términos de visibilidad y asignación proporcional de fondos, Freund enfatizó que el objetivo principal de la resolución es reorganizar la boleta electoral, no modificar el financiamiento público.
Origen del cambio: fallo del TSE
La medida fue tomada por la JCE en cumplimiento de una sentencia del TSE que falló a favor de un recurso interpuesto por los partidos Alianza País (AlPaís), País Posible (PP) y Dominicanos por el Cambio (DxC). Dichos partidos alegaban que el sistema anterior violaba principios constitucionales de igualdad, al aplicar criterios restrictivos que afectaban su representación justa.
El TSE ordenó revisar el método de cálculo y, en consecuencia, la JCE emitió la resolución 15-2025, que modificó la posición en la boleta de varios partidos, incluyendo los que interpusieron el recurso.
Esta reforma representa un paso hacia una mayor equidad electoral, promoviendo una competencia más justa y ajustada a los principios constitucionales que rigen la democracia dominicana.
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