CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, encabezada por el magistrado Wilson Camacho, ha iniciado una serie de diligencias procesales sobre las propiedades y empresas vinculadas al empresario Antonio Espaillat, dueño del centro de entretenimiento Jet Set, escenario de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El siniestro tuvo lugar durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, cuando el techo de concreto del establecimiento colapsó por completo, provocando una de las mayores tragedias registradas en centros de espectáculos del país.
En el marco de las investigaciones, el Ministerio Público ha solicitado la prohibición cautelar de cualquier transacción patrimonial o accionaria relacionada con las empresas de Espaillat. Esta medida busca preservar los bienes vinculados al proceso judicial y evitar su posible transferencia o enajenación mientras avanza la investigación.
Las diligencias se están llevando a cabo bajo el amparo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, aunque fuentes oficiales explicaron al diario El Día que el uso de esta legislación no implica una acusación directa por lavado contra Espaillat, sino que habilita mecanismos administrativos para proteger los activos en la fase inicial del proceso.
La pesquisa se concentra en las compañías directamente asociadas al empresario, con especial atención a la razón social bajo la cual operaba el Jet Set, reconocido por décadas como uno de los principales centros nocturnos de Santo Domingo.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido formalmente acusaciones penales, pero se prevé que en los próximos días continúen las citaciones, peritajes y medidas cautelares en torno al caso.
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