CAFE DIARIO, REDACCION.- El sector minero cayó 11% en febrero. El estancamiento del proyecto de expansión de Barrick Gold amenaza la estabilidad cambiaria, la entrada de divisas y la confianza inversionista. Es momento de actuar con responsabilidad, diálogo y visión de país.
Mientras el país sigue pendiente del tipo de cambio, de la inflación y de los titulares políticos, un dato silencioso —pero profundamente revelador— pasó casi desapercibido en el más reciente informe del Banco Central: el sector minería se desplomó un 11% interanual en febrero, convirtiéndose en el mayor lastre para la actividad económica del mes.
Este no es un número menor. La minería no es solo una actividad extractiva: es una de las principales fuentes de generación de divisas del país, junto al turismo, las remesas y las zonas francas. En 2022 y 2023, las exportaciones de oro, plata, cobre y zinc —principalmente de Barrick Gold y Falcondo— aportaron más de US$2,000 millones anuales. Ese flujo contribuye a sostener el tipo de cambio, fortalecer las reservas internacionales y dar liquidez a la economía nacional.
Por eso preocupa —y debe ocupar— que el proyecto de expansión de Barrick Pueblo Viejo esté paralizado, en medio de una creciente tensión con sectores comunitarios que se oponen a la construcción de una nueva presa de cola, necesaria para prolongar la vida útil de la mina más allá de 2027. Si este proyecto no se ejecuta, la producción minera de oro se reducirá drásticamente en menos de tres años, con efectos directos sobre las finanzas públicas, las reservas del Banco Central y el balance externo.
La situación es compleja. Y debe abordarse con madurez. No se trata de ignorar las preocupaciones de las comunidades de Yamasá y Monte Plata, que temen por sus fuentes de agua, sus tierras agrícolas y su salud. Esas preocupaciones son legítimas. Tampoco se trata de ceder ante el chantaje ambiental sin evidencia técnica. Se trata de hacer lo que un Estado responsable debe hacer: garantizar que un proyecto estratégico avance cumpliendo los más altos estándares ambientales y sociales, y asegurando que las comunidades no sean simplemente observadoras del desarrollo, sino beneficiarias directas del mismo.
Resolver este impasse es urgente. Y no se resolverá desde el despacho ni desde la confrontación mediática. Se resolverá en el terreno: con diálogo, con participación, con evidencia científica, con planificación transparente y con compromisos claros. Se necesita una mesa multisectorial seria, con el liderazgo del gobierno central, que escuche, proponga, modifique y acuerde.
No es un problema técnico. Es un reto de gobernanza. Y el reloj corre.
Cada mes que se pierde sin definir el futuro de la expansión minera es un mes en que el país se expone a una caída estructural en la entrada de divisas. No se puede sostener la estabilidad macroeconómica si se pierden US$1,000 o US$1,500 millones anuales en exportaciones mineras. No se puede aspirar al grado de inversión si se retrasa un proyecto que representa más de US$1,300 millones en inversión extranjera directa. Y no se puede hablar de transición energética, digital o productiva sin contar con los recursos fiscales que sectores como la minería pueden aportar.
Lo que está en juego no es solo una presa de cola. Lo que está en juego es la credibilidad del país como destino para la inversión estratégica. Lo que está en juego es la capacidad del Estado dominicano de conciliar desarrollo con sostenibilidad, economía con medioambiente, crecimiento con equidad territorial.
Por eso este editorial es un llamado. A las autoridades, para que no sigan postergando decisiones claves. A la empresa, para que entienda que ya no se puede operar desde el secretismo ni la autosuficiencia. A las comunidades, para que participen activamente en la definición del desarrollo que les toca vivir. Y a la sociedad civil, para que exija procesos públicos, datos abiertos y compromisos vinculantes.
Porque si no se actúa hoy, el costo será alto.
Y no solo en divisas. Sino en confianza, en empleo, en credibilidad y en futuro.
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