CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – La libertad de prensa en la República Dominicana enfrenta un escenario cada vez más tenso. Aunque el país mantiene una Constitución que garantiza el derecho a la libre expresión, periodistas y medios denuncian un creciente clima de presión por parte del gobierno, lo que pone en entredicho la independencia del periodismo nacional.
En los últimos años, distintos sectores del gremio periodístico han levantado la voz contra lo que consideran intentos sistemáticos del poder político para controlar el discurso mediático. Desde demandas judiciales contra comunicadores críticos, hasta el uso discrecional de la pauta publicitaria estatal, pasando por presiones indirectas a propietarios de medios, las estrategias para silenciar las voces disidentes se han vuelto más sutiles pero no menos efectivas.
“Hoy no se cierran periódicos como antes, pero se golpea donde más duele: en la sostenibilidad económica de los medios”, asegura Ana María Vargas, directora de un portal de noticias independiente. “Los medios que cuestionan al poder son marginados de la publicidad estatal y expuestos a campañas de desprestigio en redes sociales operadas por cuentas anónimas.”
Este tipo de presión ha fomentado la autocensura entre periodistas, quienes prefieren evitar ciertos temas —como corrupción, narcotráfico y vínculos políticos por temor a represalias. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), la República Dominicana ocupa el puesto 68 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024, una posición que si bien es mejor que la de otros países de la región, muestra signos de deterioro.
Uno de los casos más notorios ocurrió en 2023, cuando el periodista Juan López fue demandado por “difamación e injuria” tras publicar una investigación sobre contrataciones irregulares en un ministerio. Aunque López contaba con documentación de respaldo, el proceso judicial avanzó, generando preocupación en organismos de derechos humanos sobre el uso de la justicia para intimidar a periodistas.
A esto se suma el bloqueo de entrevistas y acceso a información pública para comunicadores considerados “incómodos”. En algunos casos, se ha denunciado incluso la intervención de llamadas y vigilancia digital, lo que vulnera no solo la libertad de prensa, sino también la privacidad personal.
El gobierno dominicano ha negado reiteradamente estar detrás de estas acciones. En un comunicado oficial, el vocero de la presidencia afirmó que “en la República Dominicana se respeta plenamente la libertad de prensa y no existe ninguna política para limitarla”. Sin embargo, esta declaración contrasta con los testimonios de múltiples periodistas que relatan una realidad diferente.
Diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, han pedido al gobierno dominicano reforzar los mecanismos de protección para periodistas y garantizar el acceso a la información pública sin discriminación. Mientras tanto, la sociedad civil tiene un papel clave al exigir transparencia y pluralidad en los medios.
“Una democracia sin prensa libre es una democracia incompleta”, señala el sociólogo Rafael del Rosario. “No se puede construir ciudadanía sin información independiente y crítica.”
La libertad de prensa en la República Dominicana está en un momento crucial. Si bien no se ha llegado a un estado de represión abierta, el periodismo se enfrenta a obstáculos que amenazan su función fiscalizadora. Preservar un periodismo libre y valiente no solo es responsabilidad de los comunicadores, sino también de las instituciones y de la ciudadanía que aspira a vivir en una democracia plena.
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