CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – La decisión del presidente Donald Trump de recortar y suspender los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) ha generado preocupación en América Latina, donde la cooperación estadounidense ha sido un pilar clave para el desarrollo y la estabilidad de muchos países. En 2024, Usaid destinó más de 2.300 millones de dólares a la región, beneficiando a millones de personas a través de programas de salud, educación, seguridad, y más. Sin embargo, esta medida, que comenzó como una forma de «reducir el gasto público y la burocracia», ha evolucionado en una situación incierta, amenazando la continuidad de estos programas.
Aunque un juez federal bloqueó temporalmente la decisión, la administración de Trump continúa con sus planes de reducir el personal de la agencia de 10.000 empleados a solo 290 puestos esenciales, bajo el control del Departamento de Estado. Este recorte pone fin a más de seis décadas de operaciones de Usaid en América Latina, cuyo equipo en la región quedará reducido a tan solo ocho personas.
Según Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group, Estados Unidos ha sido un donante crucial en la región, y su ausencia será difícil de reemplazar: «Incluso si sumamos todas las contribuciones europeas en Colombia, no alcanzarían ni la mitad de la ayuda estadounidense». En Colombia, por ejemplo, los aportes de Usaid en 2024 ascendieron a casi 400 millones de dólares, que fueron destinados a diversos programas en áreas clave como cooperación judicial, seguridad, educación, sanidad y paz.
Uno de los sectores más afectados por la reducción de fondos es la gestión migratoria, especialmente en países como Colombia, México y Panamá, que han sido fundamentales en la atención a la crisis migratoria de Venezuela. Stephani López, consultora en políticas migratorias, advierte que la falta de fondos limita la capacidad operativa de entidades clave como Migración Colombia y el programa de migrantes y refugiados del Departamento de Estado de EE.UU. Esto tiene un impacto directo en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, que ya enfrentan altos niveles de vulnerabilidad debido al éxodo masivo de migrantes.
Además, el cierre de oficinas de movilidad segura, que facilitaban permisos y visados a los migrantes, ha impuesto nuevas barreras, dificultando la capacidad de las personas para acceder a permisos y visas en su tránsito hacia otros países. La falta de financiamiento también ha dejado a los retornados sin programas efectivos para su reintegración social y económica, aumentando su vulnerabilidad.
Aunque existen otras fuentes de financiamiento, como los préstamos de organismos multilaterales, estas no son suficientes para cubrir el vacío dejado por Usaid. Esto obliga a los gobiernos de la región a asumir un rol más activo en la sostenibilidad de los programas de atención a migrantes, en un contexto de creciente presión social y política.
El recorte de los fondos de Usaid no solo pone en riesgo la estabilidad de los programas en América Latina, sino que también refleja un cambio significativo en la política exterior de Estados Unidos, que podría tener efectos a largo plazo en la región, especialmente en áreas clave como la cooperación internacional, la gestión migratoria y el desarrollo social.
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