CAFÉ DIARIO, OPINIÓN.- Siempre hemos escuchado que la micro, pequeña y medianas empresas constituyen la base del tejido productivo de la economía de nuestro país. Que son más del 98 % de las empresas activas del país, que aportan cerca del 32 % del PIB, que generan empleo y que son el motor de la economía de proximidad, de acuerdo con la escala o clasificación que estableció el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) para las empresas de acuerdo con la cantidad de trabajadores y las ventas brutas. Observamos en la Resolución No. 05-2021,que una persona natural o persona jurídica que realice actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano, se clasificará en:
1. Microempresa: Si tiene hasta 10 trabajadores; y ventas brutas anuales de hasta nueve millones ciento dieciocho mil novecientos noventa pesos dominicanos con setenta y cuatro centavos (RD$9,118,990.74).
2. Pequeña Empresa: Si tiene de 11 a 50 trabajadores; y ventas brutas anual de hasta sesenta y un millones quinientos cincuenta y tres mil ciento ochenta y siete pesos dominicanos con cincuenta y un (RD$61,553,187.51). Sin embargo, el sistema tributario continúa tratándolas como si todas contaran con la liquidez y estabilidad financiera de una gran empresa y al analizar la ejecución del gasto público destinado a su fomento, la narrativa oficial choca con una realidad cruda: la distribución de recursos es insuficiente, tardía y a menudo desalineada con las verdaderas necesidades del sector.
En medio de una crisis económica y social derivada del conflicto bélico, que afecta los precios, el empleo y la estabilidad de los mercados, el estado sigue con su implementación de impuestos progresivos y seguimos quejándonos del impuestos presuntivo que se paga ante de generar ingresos y se calcula con base de un pasado que en honor a la verdad no se repite, lo que ayer fue , hoy no será y menos en esta economía inestable , exigir un pagos adelantado como es el caso del anticipo limita, apalanca y disminuye el flujo de caja del día a día de los emprendedores y pequeños negociante. Por si fuera poco le sumamos el cobro de residuos sólidos, que recae sobre las llamada MiPymes ( el colmadero, la peluquera, el taller, la tienda informales , emprendedores y lo llamada clase trabajadora ) en esta ocasión nos clasificaron con IGUALDAD PARA COBRARNOS, Todo el mundo paga lo mismo, gane mucho o gane poco.
como si operáramos a gran escala. Pequeños comercios asumen un nuevo costo fijo sin distinción del volumen de desechos, ni capacidad financiera, reduciendo aún más los márgenes de rentabilidad y generando una presión financiera sostenida (una asfixia silenciosa). El dinero que debía usarse para nómina, inventario o pago de electricidad (Otra ineficiencia estructural que termina funcionando como un robo elegante, pagado por todos), al final el capital de trabajo se va en adelantar impuestos. Muchos empresarios optan por endeudarse; otros, simplemente regresan a la informalidad para sobrevivir. Paradójicamente, el sistema que busca recaudar termina reduciendo la base contributiva.
La contribución común es necesaria y legitima para sostener la seguridad pública y el funcionamiento del Estado, pero esa recaudación exige a su vez planificación, eficiencia, eficacia y una gestión financiera responsable. Cuando el Estado recauda sin ordenar, ni priorizar, termina trasladando su ineficiencia a quienes menos capacidad tienen para absorberla. En nuestro país, las reglas del juego suelen definirse desde posiciones de ventaja, Al final, los cuartos de las recaudaciones salen del mismo bolsillo de siempre lo llamado pequeños comerciantes o mi pyme lo sin nombre, si, lo que sostienen un sistema donde las excepciones, incentivos y alivios benefician de forma desproporcionada a los grandes empresarios, a los políticos o a lo llamado inversores de campaña, profundizando a un más la desigualdad. En conjunto, el problema no es la falta de ingresos para ejecutar o distribuir el gasto público, sino cómo y para quién se gasta. Ese enfoque combinado entre equidad, igualdad, agilidad y transformación productiva termina funcionando como alivio momentáneo y no como palanca de competitividad, profundizando la brecha entre quienes pueden crecer y quienes apenas logran sobrevivir.
El resultado es un sistema desequilibrado que recae reiteradamente sobre quienes menos tienen. Los tiempos actuales exigen una mirada más justa y humana. En este contexto, el llamado poder blando concepto propuesto por Joseph Nye cobra relevancia al destacar la influencia cultural y diplomática de los países sin recurrir a la fuerza, es decir se manifiesta como una herramienta estratégica para atraer inversión, turismo, reconocimiento internacional, moldear percepciones y generar confianza a largo plazo, fortaleciendo sectores clave como el turismo, las MIPYMES, la economía naranja y la diplomacia económica, demostrando que el atractivo y la legitimidad también son motores de desarrollo y competitividad nacional.
El verdadero desafío no es cuánto se recauda, sino cómo se distribuyen las cargas y para qué se utilizan los recursos. Revisar un sistema que castiga de forma reiterada a los más vulnerables no es una concesión, sino un acto de responsabilidad del estado. Avanzar hacia políticas más equitativas, acordes con la capacidad contributiva y orientadas a satisfacer necesidades básicas como salud, educación, seguridad e infraestructura, es condición indispensable para construir una economía más justa, humana y sostenible.
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