La acción legal fue presentada ante la PEPCA por el director ejecutivo Milton Morrison, quien denunció intentos de soborno de hasta un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales.
CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), encabezado por su director ejecutivo Milton Morrison, presentó una querella penal formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la empresa Dekolor SRL y los señores Rogelio Ramón Oruña Aguilar y Sandra Oruña, por su presunta implicación en una estructura delictiva dedicada al soborno, extorsión y estafa en perjuicio del Estado dominicano.
La información fue difundida públicamente por el comunicador y dirigente político Virgilio Feliz Mejía, quien a través de su cuenta en la red social X afirmó que el INTRANT “rompió el silencio al querellarse penalmente contra la empresa Dekolor SRL”.
De acuerdo con el documento legal, recibido por la PEPCA el pasado 4 de julio a las 3:29 p.m., Dekolor SRL habría ofrecido hasta un millón de dólares estadounidenses y tres millones de pesos dominicanos mensuales al director del INTRANT a cambio de una prórroga irregular de un contrato vencido para la emisión de licencias de conducir, sin mediar licitación pública.
Según la querella, Morrison se negó rotundamente a ceder ante estas presiones y amenazas, y optó por actuar conforme a la ley, presentando las pruebas ante las autoridades judiciales.
El expediente legal fue elaborado con el respaldo del equipo jurídico de la firma Estrella & Tupete, y en él, Morrison figura como querellante tanto en representación institucional como a título personal.
La acusación se sustenta en diversos marcos legales dominicanos, incluyendo:
- Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión,
- Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
- Código Penal Dominicano (Artículos 265, 266, 400 y 405), que penalizan la asociación de malhechores, la estafa, el chantaje y la extorsión,
- Y la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El documento incluye evidencias que, según se detalla, comprenden pagos en efectivo, intentos de soborno, amenazas y presiones documentadas, así como otras pruebas que refuerzan las acusaciones formuladas.
El INTRANT solicita a la PEPCA abrir una investigación formal contra los implicados y aplicar las sanciones correspondientes, además de exigir una indemnización al Estado dominicano por los perjuicios económicos y morales ocasionados.
Con esta acción, el organismo regulador del tránsito reafirma su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y la lucha contra la corrupción en la gestión pública.
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