Interior y Policía reporta 314 entregas voluntarias de personas requeridas por la justicia

CAFE DAIRIO, SANTO DOMINGO.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que 314 personas requeridas por la justicia se entregaron voluntariamente a las autoridades entre el 17 de agosto y el 16 de octubre de 2026, según el balance presentado durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader.

De acuerdo con las cifras divulgadas, 76 de las personas entregadas eran requeridas por casos de robo y asalto; 71, por homicidio; y 49, por tráfico de drogas. Los demás casos estaban relacionados con agresiones y violencia, vehículos robados, delitos sexuales y otras infracciones.

El registro muestra que 31 personas se entregaron entre el 17 y el 31 de agosto, mientras que en septiembre se contabilizaron 122. Entre el 1 y el 16 de octubre, otras 161 personas acudieron voluntariamente ante las autoridades, lo que representa la mayor cantidad de entregas dentro del período reportado.

Al presentar el balance, Raful destacó que la seguridad ciudadana requiere la participación coordinada de todas las instituciones que integran el sistema, y no únicamente de la Policía Nacional.

“No delegando solamente en la Policía Nacional, sino en todas las instituciones que pertenecen a este sistema que por primera vez trabaja de manera conjunta y que esta Fuerza de Tarea es la mejor evidencia de esto”, expresó la funcionaria.

La ministra también se refirió a los avances de la transformación policial, la ampliación del nuevo modelo de patrullaje y la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad.

Las entregas voluntarias forman parte del balance presentado por la Fuerza de Tarea Conjunta, espacio en el que las autoridades revisan los indicadores delictivos y coordinan acciones en materia de seguridad ciudadana.

La información divulgada no especifica cuántas de las 314 personas fueron posteriormente sometidas a medidas judiciales ni permite determinar, por sí sola, el impacto de estas entregas en los niveles de delincuencia.