CAFÉ DIARIO, NUEVA YORK (EFE). – En medio del paisaje rural de Luisiana con sus granjas de cangrejos de río, altos pinos y cafeterías que sirven los tradicionales sándwiches po’boys se esconde una realidad menos visible: alrededor de 7,000 personas se encuentran detenidas en centros de inmigración, a la espera de conocer su destino en Estados Unidos.
Luisiana, un estado sin frontera con México y con una baja población inmigrante, se ha convertido en el segundo mayor espacio de detención de inmigrantes en todo el país, solo superado por Texas. Esta situación refleja una expansión agresiva del sistema de detención migratoria impulsada por las políticas del expresidente Donald Trump, quien durante su campaña de 2024 prometió endurecer aún más las medidas de deportación.
El gobierno federal, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ha comenzado a licitar contratos millonarios con empresas privadas para ampliar su capacidad de detención a cerca de 100,000 camas —más del doble del presupuesto actual—, en un esfuerzo por implementar deportaciones a gran escala.
“La agencia necesita mejorar en tratar esto como un negocio”, declaró Todd Lyons, director interino del ICE, durante una conferencia en Phoenix. Lyons comparó el futuro del sistema de deportaciones con el modelo de Amazon: rápido, eficiente y masivo.
El ICE ha comenzado a adjudicar contratos, incluyendo uno de 3,850 millones de dólares para operar un centro en Fort Bliss, Texas. Empresas como Geo Group Inc. y CoreCivic Inc. han visto sus acciones dispararse desde la elección de Trump: 94% y 62% respectivamente, lo que evidencia que la industria carcelaria privada se perfila como gran beneficiaria del endurecimiento de las políticas migratorias.
Las condiciones particulares de Luisiana han facilitado su transformación en un centro clave para la detención de migrantes. Una reforma penal en 2017 redujo la necesidad de cárceles estatales, dejando disponibles instalaciones que hoy albergan inmigrantes. A esto se suman costos laborales bajos y un entorno político favorable.
“Luisiana era uno de los principales encarceladores del mundo”, afirma Nora Ahmed, de la ACLU local. “No hay oposición significativa a la expansión del complejo industrial penitenciario”.
Los detenidos son enviados a instalaciones alejadas de zonas urbanas, donde el acceso a abogados, familiares y organizaciones de derechos humanos es limitado. En lugares como Jena —una localidad de apenas 4,200 habitantes—, las condiciones de aislamiento y vigilancia son extremas: cercas de púas, letreros de “prohibido el paso” y guardias armados rodean los centros operados por compañías privadas.
Críticas y denuncias por aislamiento e inhumanidad
Organizaciones como Detention Watch Network denuncian que la ubicación remota de los centros forma parte de una estrategia para dificultar el acceso legal y acelerar las deportaciones. “La detención juega un papel crucial en facilitar la cruel agenda de deportación masiva de Trump”, declaró su portavoz, Carly Pérez Fernández.
Las audiencias por videoconferencia, si bien han reducido algunos obstáculos logísticos, continúan siendo objeto de críticas. “Pueden ser deshumanizantes”, señala Homero Lopez, abogado de inmigración en Luisiana. “Los jueces no siempre logran dimensionar lo que está en juego si no tienen a la persona físicamente presente”.
El desafío que viene
Con licitaciones por hasta 45,000 millones de dólares en marcha y una Cámara de Representantes que ya aprobó un presupuesto récord de 175,000 millones para reforzar la aplicación de leyes migratorias, Estados Unidos se encamina hacia una expansión sin precedentes de su sistema de detención.
La pregunta que muchos se hacen no es solo si es legal o eficiente, sino si es justo y humano. En los campos, bosques y pueblos olvidados de Luisiana, la respuesta empieza a escribirse —a puerta cerrada.
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