CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Comerciantes Inc. (FDC) manifestó su firme respaldo a la modificación de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada ya en dos lecturas por el Senado de la República. La entidad calificó la medida como un paso fundamental hacia la equidad, señalando que la normativa actual castiga de manera desproporcionada a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
La FDC destacó que las Mipymes representan el 98.4% de las empresas formales que tributan en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), sumando un total de 285,105 unidades productivas que sostienen el desarrollo nacional. Sin embargo, bajo el esquema actual, este sector está cargando con el 96.25% de la contribución total de los ingresos por residuos sólidos en el país.
“No entendemos por qué un sector que apenas aporta el 3.75% de la contribución está protestando por la modificación de esta ley”, expresó la organización en referencia a las grandes empresas. Según los datos presentados, con la reforma se proyecta recaudar un total de 8,900 millones de pesos, de los cuales las Mipymes aportarían 8,500 millones, mientras que los grandes contribuyentes (apenas 153 empresas que representan el 1.6% del total nacional) contribuirán con 459 millones de pesos.
La Federación enfatizó que la modificación busca establecer tarifas justas y crear un entorno de equidad ante la ley, lo que permitirá que las Mipymes sean más competitivas y se fomente la formalización de nuevos negocios.
Ante la proximidad del vencimiento del plazo para el primer pago del impuesto de residuos sólidos, fijado para el próximo martes 30 de junio, la FDC hizo un llamado de urgencia a la Cámara de Diputados para que apruebe el proyecto de manera inmediata. La organización recordó que, de no promulgarse la modificación a la brevedad, el sector seguirá sometido a una carga económica que considera injusta frente a la capacidad de los grandes capitales.
El esquema de pago previsto contempla dos cuotas anuales, una en junio y otra en diciembre, por lo que la aprobación definitiva es vista como un alivio necesario para la estabilidad operativa de las cientos de miles de pequeñas empresas que dinamizan la economía dominicana.
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