CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. –El pasado martes 2 de octubre, la Procuraduría General de la República dio un paso firme en la lucha contra la corrupción al interrogar por primera vez al empresario José (Jochi) Gómez Canaán, en relación con las irregularidades en la modernización y gestión del sistema semafórico del Gran Santo Domingo, a cargo de su empresa Transcore Latam. Este hecho detonó una cadena de eventos que culminó en allanamientos, detenciones y la activación de la llamada "Operación Camaleón", que ha puesto en jaque a varios funcionarios y empresarios vinculados a contratos públicos fraudulentos.
La tarde de aquel martes, Gómez fue detenido en la sede del Ministerio Público, y esa misma noche se allanó la residencia de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Beras también fue arrestado por su participación en la licitación que favoreció a Transcore Latam. A lo largo de las siguientes horas, se confirmó la detención de otros cinco implicados, quienes, junto a Gómez y Beras, enfrentan graves acusaciones de delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación de documentos y estafa contra el Estado.
El caso ante la justicia
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los siete implicados en el caso, argumentando la solidez de las pruebas presentadas. "Hemos presentado unos 245 medios de prueba, más que suficientes para que este tribunal acoja nuestra solicitud", aseguró Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), al concluir el segundo día de audiencias. La jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se encuentra analizando el expediente y emitirá su fallo este jueves.
Las autoridades buscan imponer 18 meses de prisión preventiva a los acusados, mientras que las defensas argumentan que no existen los suficientes motivos para justificar dicha medida. Ingrid Hidalgo, abogada de Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, señaló que su cliente siempre ha cooperado con las autoridades y que no existe riesgo de fuga, por lo que solicitó la presentación periódica como medida cautelar.
Hidalgo destacó que su cliente nunca evadió el proceso, al contrario, entregó su pasaporte de forma voluntaria el día del allanamiento y mostró disposición a enfrentar el proceso judicial. En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, Hidalgo afirmó: "No porque no exista un preso no hay un proceso; parece que estamos acostumbrados a que todo el mundo deba estar en prisión para decir que hay un caso."
La compleja red de corrupción
Los principales acusados en este caso son Jochi Gómez y Hugo Beras. Gómez, quien dirigía la empresa Transcore Latam, enfrenta cargos por estafa, lavado de activos, usurpación de identidades empresariales, entre otros. Además, se le acusa de sabotear la red semafórica del Gran Santo Domingo en agosto de 2024 y de actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado.
Por su parte, Beras es señalado por adjudicar contratos millonarios a empresas que no cumplían con los requisitos técnicos exigidos. Como exdirector del Intrant, habría facilitado la participación de empresas "de carpeta" en procesos de licitación, desviando recursos públicos a través de estas entidades. Su participación en el esquema fraudulento se describe como clave para el desfalco de fondos destinados al control del tráfico.
Entre los demás implicados figuran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho y representante de Beras en el Comité de Compras del Intrant, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exdirector Administrativo y Financiero del Intrant, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico, quienes también han sido acusados de falsificación y desfalco.
Expectativas del fallo
Con el fallo judicial pendiente, el Ministerio Público sigue firme en su petición de prisión preventiva para los acusados, mientras que las defensas de los imputados insisten en que las acusaciones carecen de sustento suficiente. La defensa de Carlos José Peguero, otro de los implicados, ha calificado el expediente de 304 páginas presentado por el Ministerio Público como "vacío" y asegura que su cliente no representa riesgo de fuga, al tiempo que considera que este proceso ha sido más mediático que legal.
La "Operación Camaleón" ha puesto en evidencia un sofisticado esquema de corrupción que compromete no solo la seguridad vial del país, sino también la transparencia en el uso de fondos públicos. Las implicaciones de este caso podrían ser de gran magnitud, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción en República Dominicana.
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