En medio de la situación actual, volvemos al Génesis de la cosa: la teoría de la oferta y la demanda, donde se expone cómo se sitúan acuerdos sobre lo que se produce y lo que la gente compra. Pero, como siempre, se impacta al de menos recurso, así que, persistentemente, cualquier desequilibrio económico, por pequeño que sea, se convierte rápidamente en un problema de sobrevivencia.
El alza del combustible, la Ley de Residuos Sólidos y una futura reforma fiscal terminan coincidiendo en el mismo bolsillo: el del ciudadano común. Cada medida tiene una explicación técnica, pero juntas reducen el poder adquisitivo de la gente, no de aquellos con exoneraciones y exenciones fiscales, que según el Estado son medidas que buscan impulsar el crecimiento económico, pero solo lo hacen más ricos. Y lo peor aún es que nada ha cambiado: se encarece la vida diaria y se golpea con más fuerza a quien vive de su salario o del joseo. El problema no es regular ni recaudar, sino hacerlo sin que el costo vuelva a recaer, una vez más, sobre lo que no pueden pagar más. Es fundamental para nosotros que el Estado busque disminuir la desigualdad mediante la transferencia de recursos de los sectores de mayores ingresos a los más vulnerables, ¡BASTA YA DE POLITICA DE DISTRIBUCION DISFUNCIONAL! Es momento oportuno de que nuestro Estado y nuestras instituciones públicas agreguen valor, evitando profundizar cada día en más y más desigualdades para la población.
Nuestro Estado debe de crear mejores condiciones de desarrollo, administrar bien los recursos, ser más eficiente, eficaz y optimizar más los recursos financieros; porque a cada momento escuchamos resultado fabuloso de nuestro crecimiento económico, pero al parecer hay profundas distorsiones en ese crecimiento o distribución de riquezas.
Una mejor gestión financiera y operativa de nuestros gobernantes no debe basarse en solo aumento de ingresos, aumento de impuestos o en el castigo simbólico de la corrupción mediante las redes sociales; implica administrar el presupuesto con metas claras, medibles, garantizando la plena trazabilidad del gasto público, profesionalizando la función pública y fortalecer los organismos de control. Al mismo tiempo, es indispensable que los responsables del mal uso de los fondos públicos no solo sean condenados mediáticamente, sino que enfrenten la recuperación total del dinero sustraído mediante la CONFISCACION DE LO ROBADO, sanciones patrimoniales e inhabilitación permanente para ejercer el derecho a ser elegidos a funciones públicas. De modo que robarle al Estado deje de ser un negocio rentable y se convierta en una gestión pública transparente; esto podrá traducirse en mejores servicios, mayor confianza institucional y un bienestar tangible para la ciudadanía.
MR.
No Comments yet!