
CAFE DIARIO, SANTIAGO. La jueza Yiberty Polanco, del Tribunal de Atención Permanente de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva a cinco de los diez imputados vinculados a la denominada Operación XL526, una presunta red criminal internacional acusada de estafas, extorsión, chantaje y lavado de activos.
En la misma decisión, el tribunal ordenó que los otros cinco encartados enfrenten el proceso judicial bajo el pago de garantías económicas de diferentes montos, como parte de las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público.
Las autoridades sostienen que la estructura tenía su base de operaciones en el municipio de Jacagua, en Santiago, desde donde presuntamente desarrollaba actividades ilícitas dirigidas principalmente contra víctimas en los Estados Unidos.
Cómo operaba la presunta red
De acuerdo con el expediente acusatorio, los integrantes de la organización utilizaban anuncios publicitarios para captar posibles víctimas y posteriormente someterlas a extorsión y chantaje.
La investigación indica que los imputados se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales, incluyendo el denominado Cartel de Sinaloa, con el objetivo de intimidar a las personas y exigirles dinero bajo amenazas.
Según el Ministerio Público, los recursos obtenidos mediante estas acciones eran movilizados a través de criptomonedas, transferencias electrónicas, depósitos mediante empresas remesadoras y diversas plataformas de pago para dificultar el rastreo de los fondos y ocultar su origen.
Los fiscales también afirman que la organización reclutaba principalmente a jóvenes de Santiago y comunidades cercanas, quienes eran atraídos por la aparente prosperidad económica que exhibían algunos miembros de la estructura.
Allanamientos y evidencias ocupadas
«La acusación señala que las acciones atribuidas a los imputados provocaron graves daños psicológicos a las víctimas y sus familiares, quienes supuestamente recibían amenazas constantes, incluyendo amenazas de muerte, generando temor y sufrimiento emocional».
Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron allanamientos en octubre de 2024 y junio de 2026. Durante esos operativos fueron ocupados equipos electrónicos, vehículos, dinero en efectivo, documentos y otras evidencias consideradas claves para identificar los distintos roles dentro de la presunta organización criminal.
La investigación es desarrollada de manera conjunta por la Fiscalía de Santiago, la Dirección General de Persecución, Homeland Security Investigations (HSI-Santo Domingo) y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDET).



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