CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – El coordinador de la Comisión redactora del proyecto de ley de Libertad de Expresión (CCLEX), Namphy Rodríguez, ofreció este domingo importantes aclaraciones sobre la propuesta legislativa presentada por el Poder Ejecutivo y elaborada por una comisión plural con más de dos años de trabajo técnico y consulta.
Rodríguez explicó que el proyecto, que busca modificar la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, tiene como eje central la protección de la libertad de expresión y los derechos de los usuarios de plataformas digitales. En ese sentido, destacó que la propuesta elimina las penas de prisión por los delitos de difamación e injuria, los cuales seguirán siendo tratados en sede judicial con sanciones civiles o administrativas.
Además, el coordinador desmintió versiones que afirmaban que el nuevo marco legal permitiría la eliminación arbitraria de contenidos digitales o daría poder al Estado para coaccionar a los medios. “En ningún artículo del proyecto se otorga al órgano regulador la potestad de eliminar contenido en redes sociales ni obligar a los medios a colaborar con instituciones estatales”, afirmó.
En relación con las plataformas digitales, Rodríguez aclaró que cuando el proyecto se refiere a estas, habla específicamente de grandes operadores como Facebook, X (antes Twitter) o Instagram, y no de medios de comunicación ni usuarios individuales. Estas plataformas tendrían, según la propuesta, obligaciones técnicas de transparencia ante el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), el cual no tendrá autoridad para regular ni sancionar contenido, excepto en temas que involucren la protección de la niñez y la dignidad humana.
Uno de los puntos más relevantes que destacó Rodríguez es que las plataformas digitales no serán responsables legalmente por los contenidos publicados por terceros, salvo que incumplan una sentencia judicial. Esta disposición está contenida en el artículo 24 del proyecto.
También subrayó que el órgano regulador que será creado, el Inacom, tendrá independencia del Poder Ejecutivo, y sus autoridades serán designadas por el Congreso Nacional, garantizando autonomía institucional.
Rodríguez enfatizó que el proyecto ha sido avalado por entidades como la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), así como juristas y académicos nacionales e internacionales. Además, cumple con los estándares de la CIDH y las directrices de gobernanza digital de la UNESCO.
Finalmente, el coordinador agradeció el interés de la ciudadanía y llamó a la población a involucrarse activamente en el proceso de debate legislativo. “Este proyecto no es un punto final, sino un punto de partida hacia una legislación moderna, equilibrada y respetuosa de los derechos fundamentales”, concluyó.
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