CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – En las últimas horas, un video difundido en redes sociales ha generado controversia en la opinión pública. En la grabación, cuatro jóvenes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) son acusados presuntamente de tener intimidad en los baños de la institución. Este hecho ha generado un debate sobre el derecho a la intimidad y las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes comparten este tipo de contenido.
El Código Penal de la República Dominicana sanciona a cualquier persona que atente contra el honor, la dignidad y el buen nombre de otra. Según el artículo 337, modificado por la Ley 24-97, se castiga con prisión de seis meses a un año y una multa de RD$25,000 a quienes atenten voluntariamente contra la intimidad de la vida de una persona.
Dentro de los actos sancionados, el código penal penaliza la captación, grabación o transmisión de palabras pronunciadas de manera privada o confidencial, así como la imagen de una persona en un lugar privado sin su consentimiento. Además, no solo la persona que graba o comparte el video enfrenta sanciones, sino también quienes conserven dicho contenido.
El numeral 1 del artículo 337 establece que también serán castigados quienes lleven a conocimiento del público o de un tercero grabaciones obtenidas de manera ilícita. Cuando la infracción es cometida a través de prensa escrita o audiovisual, se aplican las disposiciones de la Ley No. 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
El rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, declaró que la universidad posee el video filtrado y que se han iniciado las investigaciones correspondientes. Asimismo, se tomarán acciones legales contra el estudiante que grabó y difundió las imágenes.
Beltrán afirmó que la grabación tiene intenciones de dañar la imagen de la universidad y opacar los avances que se están realizando, como la construcción de la Plaza del Estudiante en el parque Máximo Gómez.
En un comunicado oficial, la UASD destacó que ningún miembro de su personal está autorizado a grabar o exponer a los estudiantes. La universidad reitera su compromiso con la protección de la integridad y derechos individuales de sus alumnos.
El caso sigue en investigación y podría derivar en sanciones legales para los responsables de la difusión del video.
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