CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los imputados en el caso Panthera 7, vinculados al decomiso de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, enfrentan graves cargos que, de ser hallados culpables, podrían resultar en condenas de hasta 30 años de prisión y el pago de multas millonarias. El valor estimado de las drogas decomisadas en esta operación asciende a 250 millones de dólares en el mercado internacional, mientras que el valor provisional de la cocaína decomisada en la terminal portuaria se ha fijado en 220 millones de dólares, equivalentes a más de 15 mil millones de pesos dominicanos.
Según la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, los patrocinadores del tráfico ilícito, aquellos que financian, dirigen o facilitan las operaciones de tráfico, podrían enfrentar una pena de prisión de hasta 30 años y una multa no menor al valor de las drogas involucradas en el caso. Por su parte, los traficantes recibirían una pena de prisión de entre 5 y 20 años y una multa no inferior a RD$50,000. Mientras que distribuidores, vendedores e intermediarios enfrentarían entre 3 y 10 años de prisión y multas de hasta RD$50,000.
El 13 de enero, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los arrestados, quienes son acusados de movilizar casi 10 toneladas de cocaína, una de las mayores incautaciones en la historia reciente del país. Sin embargo, la audiencia sobre la medida de coerción fue aplazada por tercera vez por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, y se reprogramó para el próximo miércoles.
Destino de las multas y bienes incautados
Según la normativa vigente, los fondos provenientes de las multas impuestas, así como los productos de las ventas de bienes incautados, se destinarán a financiar programas de prevención, rehabilitación y educación contra el uso, abuso y tráfico de drogas en la República Dominicana. De los recursos recaudados, el 15% será para instituciones dedicadas a la regeneración de adictos, otro 15% para la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación, el 40% para la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el 20% para el Consejo Nacional de Drogas en su labor preventiva y el 10% para el Patronato Nacional de Ayuda a los Cuerpos de Bomberos Civiles.
Este caso pone de relieve los esfuerzos del gobierno dominicano para enfrentar el tráfico de drogas y fortalecer los programas de prevención, mientras las autoridades continúan con las investigaciones y el proceso judicial en curso.
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