Tribunal separa a dos imputados del caso Calamar y aplaza juicio contra Donald Guerrero

CAFE DIARIO, SANTO DOMINGO.– El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso este miércoles separar a dos imputados del juicio por presunta corrupción administrativa contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y otros acusados en el caso Calamar, debido a problemas de salud. Sin embargo, una nueva recusación contra dos juezas provocó el aplazamiento de la audiencia hasta el próximo 18 de noviembre.

La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, que pidió el desglose del expediente de Santiago Roberto Moquete y del excontralor Daniel Omar Caamaño Santana por razones humanitarias, con el propósito de permitir que el proceso judicial continúe contra los demás encartados.

Pese a que el tribunal acogió la petición y ordenó continuar con el juicio, la defensa de Moquete presentó una nueva recusación contra las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, lo que impidió avanzar con el conocimiento del proceso.

La acción se produjo luego de que la corte de apelación rechazara una recusación anterior presentada contra ambas juezas por la defensa del imputado Juan Tomás Polanco, ratificando la competencia del tribunal para conocer el expediente.

Nueva recusación frena la audiencia

Ante esta situación, el tribunal, presidido por la magistrada Arlin Ventura, llamó la atención a la defensa por considerar que su actuación constituía una posible maniobra dilatoria y remitió el nuevo incidente a la corte de apelación.

El fiscal Melbin Romero Suazo calificó la actuación de la defensa como un acto de «deslealtad procesal», al entender que la recusación fue presentada después de que el tribunal aceptara separar del proceso al imputado por motivos de salud.

«Lo que pasó hoy fue un acto de deslealtad procesal. El tribunal, incluso, le invocó el artículo 135 del Código Procesal Penal a ese abogado, porque ha actuado en esta audiencia con total y absoluta deslealtad», manifestó el representante del Ministerio Público.

Romero Suazo recordó que el artículo 135 del Código Procesal Penal establece que las partes deben actuar con lealtad y abstenerse de presentar medidas dilatorias o abusar de las facultades reconocidas por la legislación.

Asimismo, valoró que el tribunal advirtiera sobre la posibilidad de imponer sanciones si se repiten actuaciones consideradas contrarias a la lealtad procesal.