N DIGITAL agosto 28, 2026
Santo Domingo.– El procurador fiscal adjunto y titular de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, reconoció este viernes que una eventual condena a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, incluso con la pena máxima establecida en la legislación bajo la cual se conoce el caso, no reflejaría la magnitud del daño causado a las familias de las 236 víctimas que fallecieron durante el derrumbe del establecimiento, y las centenares que resultaron heridas.
Camacho explicó que el proceso se desarrolla bajo las disposiciones del antiguo Código Penal, por lo que las sanciones aplicables están limitadas a las penas contempladas en esa normativa.
“No obstante, por las propias condiciones de que este es un proceso que se sigue con el viejo Código Penal, una sentencia condenatoria, aun con la pena máxima, no reflejará el daño que han recibido más de 236 familias por las muertes que han dejado estos hechos”, manifestó.
El funcionario afirmó que espera que el juicio de fondo por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set concluya con una sentencia condenatoria contra los principales acusados, al asegurar que las pruebas presentadas por el órgano persecutor sustentan la acusación.
Camacho destacó que el proceso judicial ha avanzado sin dilaciones y consideró que la jornada constituye una muestra de que, cuando las partes no recurren a tácticas para retrasar el conocimiento del caso, los procesos pueden desarrollarse con mayor agilidad.
“Al Ministerio Público nos alegra enormemente que este proceso avance sin dilaciones. Este proceso es una muestra de que el Ministerio Público siempre está listo en el conocimiento de las audiencias y hoy lo demostramos”, expresó.
El procurador fiscal adjunto indicó que el Ministerio Público presentó durante la audiencia su acusación y las pruebas con las que pretende demostrar la responsabilidad penal de los imputados por el colapso del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia que dejó 236 personas fallecidas.
“Esperamos que al final de este proceso se produzca una sentencia condenatoria. Una decisión sobre la base de la prueba que hemos presentado no puede tener otro final que no sea el de una sentencia condenatoria”, sostuvo Camacho.
El titular de la Dirección Nacional de Persecución consideró que, ante la magnitud de la tragedia, lo mínimo que puede hacer el sistema de justicia es imponer la máxima sanción permitida por el tipo penal aplicable.
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