CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – La procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, emitió la "Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes", en el marco de la creación de la nueva Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC). Esta iniciativa responde a una disposición del Consejo Superior del Ministerio Público, impulsada a sugerencia del Poder Ejecutivo.
La nueva unidad tendrá como prioridad el desmantelamiento de las estructuras criminales dedicadas al tráfico de migrantes, con especial atención a la investigación y persecución de funcionarios públicos, militares y policías que colaboren con estas redes mediante actos de corrupción como extorsiones, sobornos o dádivas.
Según la instrucción fechada el 25 de abril de 2025, los fiscales del país deberán otorgar alta prioridad a los casos que involucren servidores públicos, solicitando la suspensión inmediata de los implicados a través de los órganos competentes.
La UITIMC, que operará bajo la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) dirigida por la procuradora de Corte Yoanna Bejarán, también estará facultada para inmovilizar cuentas bancarias, bienes inmuebles y vehículos relacionados con actividades ilícitas, además de secuestrar y decomisar medios utilizados para el tráfico de migrantes.
El Ministerio Público advirtió que el tráfico ilícito de migrantes es una de las actividades más lucrativas y complejas del crimen organizado transnacional, afectando gravemente los sistemas de control migratorio y la seguridad nacional.
La nueva unidad estará integrada por agentes de distintas agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, seleccionados bajo estrictos criterios de ética y capacidad técnica. También contará con tecnología avanzada, formación especializada y evaluaciones periódicas para garantizar su efectividad.
Con esta medida, el Ministerio Público busca fortalecer la respuesta interinstitucional y atacar las bases financieras y operativas de las redes de tráfico, en cumplimiento de los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por República Dominicana.
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