


CAFÉ DIARIO, NUEVA YORK (EFE). – El expresidente de Estados Unidos y actual líder republicano, Donald Trump, anunció este sábado su decisión de ordenar a su Administración suspender de inmediato los fondos federales destinados a organizaciones no gubernamentales (ONG) presuntamente implicadas en disturbios, independientemente de que el Congreso apruebe o no una resolución impulsada al respecto.
A través de su red social Truth Social, Trump expresó su apoyo al proyecto de ley del congresista californiano Kevin Kiley, titulado “No a los impuestos para disturbios”, y afirmó que su Administración dejará de financiar a “grupos radicalizados” que, según él, “utilizan el dinero para incitar disturbios, incendiar o destruir una ciudad y luego vuelven a pedir fondos para ayudar a reconstruirla”. Finalizó su publicación con un contundente: “¡¡¡NO MÁS DINERO!!!”.
Proyecto busca sancionar a ONG e incrementar penas
La propuesta de Kiley busca prohibir que las ONG involucradas en disturbios ilegales reciban financiación federal o exenciones fiscales, al tiempo que plantea aumentar las penas por agredir a agentes federales y por obstaculizar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias.
Actualmente, la pena por agresión simple a un agente federal es de un año de prisión, sin sanción económica adicional, algo que el proyecto de ley pretende modificar.
Caso CHIRLA bajo investigación
El congresista Kiley citó de manera específica a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), una organización sin fines de lucro que, según sus acusaciones, recibió 34 millones de dólares en fondos estatales y tuvo un papel central en las protestas ocurridas recientemente en Los Ángeles contra las redadas migratorias del ICE.
Según el legislador, CHIRLA habría difundido en tiempo real la ubicación exacta de las operaciones migratorias, lo que, a su juicio, contribuyó al estallido de disturbios.
Sin embargo, un portavoz de CHIRLA negó categóricamente cualquier participación de la organización en los hechos señalados.
La ONG actualmente está bajo investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dominado por los republicanos, que busca determinar si fondos federales asignados durante la administración de Joe Biden (2021–2025) fueron utilizados para financiar protestas o actividades contrarias a la ley.
Esta nueva medida anunciada por Trump, sin esperar la aprobación legislativa, ha reavivado la polémica sobre el uso de fondos públicos, la protesta social y la persecución a grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, temas que se perfilan como ejes centrales de cara al debate político en Estados Unidos.
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