CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un lugar donde cientos de personas llegaron para celebrar se convirtió en una catástrofe. El pasado 8 de abril todo esta tragedia marco al país con el colapso del techo de centro nocturno.
El hecho fue calificado como una de las peores tragedias civiles en la historia reciente del país. El presidente Luis Abinader declaró cinco días de duelo nacional en señal de luto.
Pocos días después del colapso, comenzaron a presentarse las primeras querellas civiles contra los propietarios del local, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados por supuesta negligencia estructural.
La tragedia dejó un saldo inicial de 113 muertos y decenas de heridos, cifra que luego aumentó a mas de 200 victimas según confirmaron las autoridades.
¿Qué ha sucedido?
Entre el 15 y el 17 de abril, ya habían denuncias , incluyendo la de la familia de Virgilio Rafael Cruz Ponte, una de las víctimas del colapso. Para el 19 de mayo, el número de querellas ascendía a 42.
El 19 de abril, como parte de las diligencias preventivas, el Ministerio Público dispuso la inmovilización de bienes y acciones vinculadas a Antonio Espaillat, con el fin de evitar maniobras para evadir responsabilidades legales.
El 7 de mayo, las autoridades procedieron a la incautación del establecimiento Jet Set, sumando esta acción a la cadena de medidas cautelares ya en curso. La medida buscaba asegurar el lugar de los hechos y preservar evidencias claves para la investigación.
El 11 de junio, una comisión técnica entregó al Ministerio Público un informe preliminar que señalaba fallos graves en la estructura del edificio.
Arresto
Antonio y Maribel Espaillat formalmente acusados de homicidio involuntario, según los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
Una semana más tarde, el 19 de junio, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, coloco medida de coerción no privativas de libertad.
La decisión incluyó una garantía económica de RD$ 50 millones, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.
La magistrada advirtió, sin embargo, sobre las limitaciones del Código Penal vigente, explicando que el principio de legalidad le impedía imponer prisión preventiva sin base legislativa suficiente.
La decisión generó rechazo entre familiares de víctimas y abogados, quienes la calificaron como abuso de criterio.
Para el 24 de junio, mas de 115 querellas reflejando el creciente número de afectados que buscan justicia.
Hace una semana, el abogado Ricardo Alcántara Méndez, representante de Germán Peña Jorge, una de las víctimas con lesiones graves en la columna, presentó un recurso de apelación para que la medida sea citada a prisión preventiva.
El expediente quedó en manos del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se desarrolla la fase preparatoria del proceso.
Actualmente, el Ministerio Público dispone de un plazo de ocho meses para presentar la acusación formal.
No Comments yet!