Por: Esmildry Rodríguez Medrano
La tecnología ha transformado todos los aspectos de nuestra vida, y el sector legal no es la excepción. Desde la digitalización de documentos hasta la implementación de inteligencia artificial en análisis jurídicos, los avances tecnológicos están redefiniendo cómo nosotros, los abogados, ejercemos la profesión y cómo los ciudadanos acceden a la justicia. Este cambio, aunque inevitable, trae consigo tanto oportunidades como retos que requieren adaptación y una visión estratégica.
En este aspecto, la automatización ha permitido optimizar procesos que anteriormente eran tediosos y lentos. Herramientas como las plataformas de gestión documental y los sistemas de firma electrónica han agilizado el manejo de expedientes legales, reduciendo costos y tiempos. Por ejemplo, en República Dominicana, la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales respalda la validez de archivos electrónicos, lo que ha facilitado la transición hacia un entorno más eficiente en el ámbito jurídico.
En este sentido, a medida que la tecnología avanza, la inteligencia artificial (IA) está emergiendo como un medio clave en el análisis y la gestión de información legal. Programas como los que emplean machine learning pueden revisar contratos en cuestión de minutos, detectar inconsistencias y proponer modificaciones. Aunque estos avances aumentan la eficiencia, también plantean preguntas sobre la sustitución del juicio humano en algunas decisiones legales. ¿Hasta qué punto podemos delegar actividades operativas jurídicas en la tecnología?
En este orden de ideas, la innovación tecnológica está cambiando la manera en que los ciudadanos interactúan con el sistema de justicia. Plataformas de resolución de conflictos en línea, accesibles desde cualquier dispositivo, están democratizando el acceso a la justicia. Sin embargo, estos avances también evidencian brechas tecnológicas y sociales, como la falta de acceso a internet en zonas rurales, que pueden limitar la equidad en el uso de estas aplicaciones.
En este contexto, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para el sector legal. La protección de datos confidenciales de clientes y la seguridad de los sistemas tecnológicos son fundamentales para garantizar la confianza en las firmas legales. Normativas como la Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales en República Dominicana establecen lineamientos específicos sobre cómo las empresas deben manejar y proteger la información.
No obstante, la adopción de tecnología también exige un cambio en la mentalidad de los profesionales del derecho. Capacitarse en el uso de nuevas herramientas y mantenerse actualizado con los avances tecnológicos ya no es opcional, sino una necesidad para garantizar la competitividad en un mercado legal cada vez más exigente.
Por otra parte, es importante reflexionar sobre los límites éticos en el uso de la tecnología. Aunque las herramientas digitales son muy útiles, los principios fundamentales del derecho, como la equidad y la justicia, deben prevalecer. La tecnología debe ser un medio para mejorar la práctica legal, no para deshumanizarla.
En síntesis, el impacto de la tecnología en el sector legal es innegable. Desde la automatización de procesos hasta el acceso remoto a servicios legales, los avances tecnológicos están remodelando la práctica del derecho y la manera en que se imparte justicia. Sin embargo, más allá de los beneficios que estas soluciones ofrecen, es responsabilidad de las partes, ya sean abogados, instituciones o ciudadanos, asegurarse de utilizar estas tecnologías de manera profesional y ética. La supervisión adecuada, el cumplimiento normativo y la formación continua son esenciales para garantizar que estas innovaciones se empleen correctamente y contribuyan a un ejercicio del derecho más eficiente, justo y transparente. La tecnología no solo está transformando el sector legal; está redefiniendo lo que significa ser abogado en el siglo XXI.
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