CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – El sector minero de la República Dominicana vive un momento clave que podría definir su futuro en el mapa geoestratégico y económico mundial, según afirmó Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera (Camipe). El ejecutivo destacó el potencial que representa para el país la posible explotación de tierras raras, un grupo de 17 minerales altamente demandados por la industria tecnológica y energética global.
Valerio subrayó que de confirmarse la existencia de reservas suficientes, la República Dominicana pasaría a formar parte de un grupo exclusivo de países con acceso a estos recursos estratégicos, lo que abriría nuevas oportunidades de desarrollo, empleo y posicionamiento internacional. “Si se encuentra la cantidad esperada, la perspectiva del país cambiará automáticamente en términos geopolíticos, geoestratégicos y mineralógicos”, afirmó.
Aunque el Gobierno ha mantenido cierta discreción sobre los avances en la exploración, Valerio confirmó que el proyecto se encuentra en manos de expertos de alto nivel. Recordó que el proceso inició con la declaratoria de la Reserva Ávila durante la gestión del expresidente Danilo Medina y continuó con la creación de la Empresa Minera Dominicana bajo el mandato de Luis Abinader. Según explicó, ya se ha comprobado la existencia del recurso, y actualmente se trabaja en determinar si existe una reserva explotable que pueda ser valorizada.
Llamado a una nueva ley minera
El director de Camipe aprovechó el escenario para reiterar la necesidad de una nueva ley minera que se adapte a los desafíos actuales. Sostiene que la legislatura que inicia el próximo 16 de agosto sería el momento oportuno para impulsar un marco legal que garantice seguridad jurídica, claridad para los inversores y sostenibilidad ambiental.
“La actual ley no responde a los tiempos, y eso se refleja en la caída de un 86% en la inversión minera, que hoy se sitúa en US$354 millones”, afirmó. Puso como ejemplo los proyectos detenidos o ralentizados como el Romero en San Juan, el de Dajabón y los retrasos por negociaciones comunitarias con empresas como Barrick.
Valerio considera que con una legislación moderna que trabaje de la mano con la ley medioambiental, la minería podría desarrollarse con buena gobernanza, mediante un diálogo honesto entre empresas, comunidades y el Estado.
Minería con impacto social y económico
Más allá de las tierras raras, el director ejecutivo de Camipe enfatizó el impacto que la minería tiene en la economía nacional. Actualmente, el sector representa el 1.43% del PIB, aunque en su mejor momento alcanzó el 2.1%. “Con solo dos minas metálicas —Barrick Gold y Cormidom— ya se evidencia un impacto significativo en las exportaciones, la balanza de pagos, las infraestructuras y la generación de empleo”, destacó.
Según datos de la Tesorería de la Seguridad Social, el sector cuenta con cerca de 7,000 empleos directos, con un salario promedio de RD$73,125, casi el doble del promedio nacional. Este dinamismo económico se refleja especialmente en zonas rurales, donde la minería impulsa el comercio, servicios, educación y salud.
Asimismo, resaltó la demanda creciente de mano de obra tecnificada y la necesidad de fortalecer carreras técnicas y científicas como química, geología e ingeniería en las universidades del país. “A nivel mundial, se proyecta la creación de más de 100,000 plazas en minería hacia el 2030, y la República Dominicana debe prepararse para aprovechar esa oportunidad”, sostuvo.
Minería artesanal y encadenamiento productivo
Valerio también se refirió a la minería artesanal, especialmente en oro, la cual está contemplada dentro del marco legal actual con un porcentaje destinado al uso de artesanos dominicanos. Afirmó que el encadenamiento productivo del sector impacta de forma positiva a otras industrias como la electricidad, combustibles, alimentos, mecánica, vestimenta y servicios médicos.
Finalmente, reiteró que la República Dominicana tiene potencial para convertirse en un referente minero regional si se prioriza una visión estratégica que combine sostenibilidad, seguridad jurídica, inversión responsable y desarrollo comunitario.
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