CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó la modificación del Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde, con el propósito de ampliar el alcance de aplicación de la regularización parcelaria y facilitar el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada en la República Dominicana.
El nuevo reglamento establece la regularización parcelaria como regla general para individualizar una porción de terreno, mientras que el deslinde se reserva como una figura de excepción, aplicable únicamente en la etapa judicial cuando sea necesario un proceso contradictorio.
La propuesta de modificación del Reglamento núm. 790-2022 fue sometida a un proceso de consulta pública que se desarrolló del 19 de agosto al 29 de septiembre de 2025, con la participación de diversos sectores vinculados al ámbito jurídico y técnico.
Entre las principales ventajas de esta modificación se destacan la simplificación de las condiciones y requisitos para la regularización parcelaria, lo que permitirá agilizar los procesos de titulación e identificación de inmuebles; además, se refuerza el carácter excepcional del deslinde, reservado solo para casos litigiosos que ameriten intervención judicial.
Como parte de las novedades del reglamento, se agrega un párrafo al artículo 6 de la Resolución núm. 790-2022, que dispone que la anotación realizada en el Registro Complementario del inmueble —que certifica que el mismo está en proceso de regularización parcelaria— tendrá una vigencia de un año a partir de su registro.
Dicha anotación podrá ser cancelada tras la aprobación o rechazo de los trabajos técnicos emitidos por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente, o al vencimiento del plazo de vigencia.
El Pleno de la Suprema Corte que aprobó la modificación estuvo integrado por el juez presidente Henry Molina y los magistrados Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Fran Euclides Soto Sánchez, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, María Garabito Ramírez, Moisés Alfredo Ferrer Landrón y Francisco Antonio Ortega Polanco.
Con esta decisión, la Suprema Corte reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema de justicia y la seguridad jurídica en materia inmobiliaria, impulsando un marco regulatorio más eficiente, transparente y accesible para los ciudadanos.
No Comments yet!