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Rosa Pilarte solicita suspensión de su condena ante el Tribunal Constitucional

CAFE DIARIO, SANTO DOMINGO.- La exdiputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, condenada a prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico, solicitó formalmente al Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecución de su sentencia.

Alegando que su eventual ingreso a prisión comprometería irremediablemente sus derechos fundamentales y afectaría el objeto del proceso judicial aún pendiente de revisión.

En una instancia depositada este lunes, 1 de septiembre, la defensa de Pilarte López interpuso una demanda en solicitud de suspensión de la ejecución de la Sentencia SCJ-PL-25-00009 de fecha 29 de agosto de 2025.

La sentencia fue dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por haber sido interpuesta de conformidad con el artículo 54 numeral 8 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales".

Fundamentos de la solicitud

La petición invoca el artículo 539 del Código Procesal Penal, el cual permite solicitar la suspensión de la ejecución de una sentencia penal cuando su cumplimiento "pudiere provocar perjuicios irreparables" y el recurrente no hubiese agotado todos los recursos ordinarios.

La defensa sostiene que el recurso de casación interpuesto aún no ha sido decidido, y por tanto la condena no está firme ni ejecutoriada.

Además, argumenta que la ejecución inmediata de la sentencia que incluye prisión efectiva, decomiso de bienes y pérdida de su cargo público causaría efectos irreversibles que invalidarían en la práctica el derecho al recurso previsto por el ordenamiento jurídico dominicano.

Entre los efectos irreparables citados se encuentran:

La privación de libertad de la exdiputada, lo que atenta contra su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

La alteración de su patrimonio mediante el decomiso inmediato de bienes, lo que, de ser revocada la sentencia, no podría ser reparado completamente.

El daño reputacional, político y familiar, derivado del cumplimiento prematuro de una sanción aún sujeta a revisión judicial.

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