POR RAFAEL MENDEZ
CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – En plena Guerra Fría, cuando la República Dominicana vivía bajo la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer (1966-1978), el expresidente Juan Bosch planteó la ne sidad de construir un amplio consenso de opinión que emplazara al gobierno a respetar el Estado de derecho.
“Había, pues, que hacer un esfuerzo para llevar al gobierno a su propia legalidad, es decir, hacerlo que respetara sus propias leyes, su propio Código Penal, su propia Constitución…”, sostuvo Bosch, desnudando así las contradicciones de un régimen que proclamaba apego a la legalidad mientras ejercía la represión, la arbitrariedad y el privilegio.
Ese planteamiento se convirtió en una estrategia de resistencia cívica frente a un gobierno que se sostenía en el autoritarismo, y que pretendía revestir de legalidad lo que en realidad eran excesos y atropellos.
Someter al régimen a su propia legalidad era exponer su incoherencia y desnudar la brecha entre discurso y práctica.
Hoy, en el escenario internacional, aquella propuesta de Bosch cobra nueva vigencia. Solo que ahora la quimera se traslada a los Estados Unidos. La comunidad internacional debería obligarlo a cumplir la legalidad que él mismo ha suscrito en tratados y acuerdos que consagran el respeto a los derechos humanos, la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los pueblos y naciones del mundo.
Estados Unidos es signatario de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza salvo en defensa propia o por mandato del Consejo de Seguridad. También votó a favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que coloca la dignidad humana como principio universal. Forma parte de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana, que obligan a los Estados a defender la democracia y el orden constitucional.
No Comments yet!