CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO.- La acusación formal presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra 17 imputados en la llamada Operación Camaleón describe un entramado de corrupción de múltiples capas que, según el Ministerio Público, combinó fraude en contrataciones públicas, lavado de activos, sabotaje tecnológico, terrorismo y espionaje interno, con un perjuicio superior a 1,600 millones de pesos para el Estado dominicano.
El documento, de más de 300 páginas, detalla cómo una organización integrada por funcionarios y particulares habría tomado el control de sistemas estratégicos del Estado, desde la red semafórica del Gran Santo Domingo hasta las plataformas de videovigilancia del Ministerio de Defensa.
Un esquema de poder y control
En el centro del expediente figura José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), señalado como el beneficiario final de los contratos fraudulentos y creador de una red de empresas de fachada —Dekolor, Transcore Latam, PagoRD Xchange, Aurix, OML Inversiones, Inprosol y Soltex Dominicana— utilizadas para canalizar fondos públicos y ocultar su origen ilícito.
A su lado, según la acusación, actuó Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), quien habría autorizado la adjudicación y manipulación de contratos millonarios durante su gestión, junto a otros funcionarios de alto nivel del organismo.
El Ministerio Público sostiene que esta alianza de funcionarios y empresarios operó como una estructura criminal organizada, con división de tareas, permanencia en el tiempo y acceso a información sensible del Estado.
A su lado, según la acusación, actuó Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), quien habría autorizado la adjudicación y manipulación de contratos millonarios durante su gestión, junto a otros funcionarios de alto nivel del organismo.
El Ministerio Público sostiene que esta alianza de funcionarios y empresarios operó como una estructura criminal organizada, con división de tareas, permanencia en el tiempo y acceso a información sensible del Estado.
Contratos hechos a la medida
Uno de los pilares del caso es la licitación pública INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, destinada a modernizar y gestionar el sistema integral de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Según la Pepca, el pliego de condiciones fue redactado dentro de la empresa ganadora, Transcore Latam S.R.L., garantizando que el resultado estuviera decidido antes de publicarse el concurso.
Esa empresa, vinculada directamente a Gómez Canaán, habría simulado competencia mediante la creación de consorcios y oferentes ficticios. Las pruebas documentales incluyen correos electrónicos en los que el imputado registró el dominio transcore.com.do y creó direcciones falsas, como joerg@transcore.com.do, para suplantar la identidad de una compañía extranjera.
Las adendas de la estafa
Otro eje del expediente es el contrato suscrito entre el INTRANT y Dekolor S.R.L., originalmente para la emisión de licencias de conducir. A través de tres adendas irregulares —firmadas entre 2020 y 2024 bajo distintas administraciones—, el monto del contrato fue incrementado y modificado sin sustento técnico, incorporando servicios médicos no habilitados y precios inflados.
Las maniobras incluyeron un supuesto reajuste por inflación de 17.83 %, calculado en violación a las normas del Banco Central, y la creación de deudas inexistentes por más de 936 millones de pesos. La empresa, que carecía de experiencia en el sector, se transformó en monopolio de servicios y recaudación de licencias, bajo control de Gómez Canaán.
El circuito del dinero
De acuerdo con la acusación, el flujo financiero de la red se dividía en dos vertientes.
Por un lado, Dekolor obtenía pagos inflados del Estado mediante contratos y adendas fraudulentas; por otro, PagoRD Xchange S.R.L., empresa también controlada por Gómez Canaán, retenía las recaudaciones ciudadanas por licencias de conducir que debía transferir al Estado.
El Ministerio Público calculó un faltante de RD$730 millones, producto de ingresos no depositados, que fueron desviados a cuentas personales y empresas vinculadas. En conjunto, el daño patrimonial superaría los RD$1,666 millones.
Los fondos desviados fueron presuntamente lavados a través de la compra de inmuebles en Piantini, Cap Cana y Jarabacoa, vehículos blindados y transferencias internacionales. La empresa OML Inversiones S.R.L. habría servido como vehículo de blanqueo y ocultamiento patrimonial.
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