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Justicia

MP somete acusación por corrupción, sabotaje y terrorismo contra Hugo Beras, Jochi Gómez y varios más

CAFE DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó el pasado viernes la formal acusación contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras; el contratista del Estado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), y otros siete implicados, señalados por sabotaje al sistema de semaforización y actos de terrorismo.

Operación Camaleón

La investigación, inicialmente denominada Operación Camaleón, surgió tras detectar irregularidades en el contrato con la empresa Transcore Latam, cuyo monto superaba 1,300 millones de pesos.

Tras la suspensión de este contrato, el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo se apagó en dos ocasiones, generando caos vehicular en varias avenidas, situación por la que las autoridades responsabilizaron a Gómez Canaán, quien mantenía múltiples contratos con el Estado, incluido el de expedición de licencias de conducir.

Además de Beras y Gómez, el expediente incorpora a dos nuevos procesados: Manuel Eduardo Mora, gerente general de Pago RD Exchange, y Henry Darío Féliz.

También, en el documento completa la lista de acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.

Entre los delitos imputados al grupo se incluyen corrupción, falsedad en escritura privada, estafa contra el Estado, asociación de malhechores, así como violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por sabotaje, robo de identidad y crímenes contra la seguridad de la nación.

Además, se les atribuyen actos de terrorismo a través de medios electrónicos, todos con penas que pueden alcanzar hasta 30 años de prisión.

Con la presentación del acto conclusivo, el Ministerio Público concluye la fase de investigación y deja en manos de la justicia la decisión sobre los responsables de los graves hechos que afectaron la seguridad y operación del sistema de tránsito del país.

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