CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, culpado de registrar defunciones falsas con documentos médicos y oficiales adulterados.
Máximo Mendoza fue arrestado en Mao, durante un allanamiento ejecutado en su vivienda. Las investigaciones dieron a conocer que el imputado se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer el hecho delictivo.
El acusado cometió los hechos entre diciembre de 2024 y junio de 2025. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, cinco de ellas en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral, y una sexta que solo registró en el Ministerio de Salud.
Los registros de defunción fueron llenados por distintos médicos en pasantías y sin exequátur para ejercer la profesión. El inculpado utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en distintos turnos.
¿Cómo operaba Máximo Mendoza?
Uno de los aspectos comunes encontrados en el delito ha sido que algunas de las víctimas realizaban negociaciones de préstamos personales. Estos beneficios consistían en un capital mensual por la suma de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinados a cubrir necesidades básicas.
Mendoza les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social.
En los casos en que no podía cobrar recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo.
Violaciones al Código Penal dominicano
Según una nota de prensa del Ministerio Público, la conducta constituye una violación al Código Penal dominicano por el uso y alteración de documentos públicos, basado en información falsa.
También, una violación al artículo 208 de la Ley Orgánica de los actos del Estado Civil No. 4-23, el cual se refiere a la falsedad.
Asimismo, la institución confirmó que dentro de las maniobras utilizadas por el imputado se destaca también su capacidad para fingir estados de aflicción emocional y física.
Solicitud de fiscales
Los fiscales también solicitaron que el caso sea declarado de tramitación compleja conforme a lo establecido en el artículo 369 y siguientes del Código Procesal Penal Dominicano, modificado por la Ley 10-15, en razón de la multiplicidad de víctimas, la reiteración de los hechos, el uso de documentos públicos falsificados y la afectación directa a los sistemas de salud y registral, lo que exige una investigación más técnica y prolongada.
En este caso el Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
Los fiscales litigantes Esther María González Peguero y Domingo Tejada representaron al Ministerio Público en la audiencia donde la jueza Yiberty Polanco Herrán, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, decidió su aplazamiento para el próximo viernes, 12 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, luego de acoger una solicitud de la defensa del imputado.
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