CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público depositó este domingo, pasadas las 2:00 de la tarde, la solicitud de medidas de coerción contra los seis hombres arrestados por su presunta participación en el abuso sexual de una joven en el municipio de Villa González, provincia Santiago.
La audiencia para conocer la petición quedó fijada para el próximo miércoles, en el primer turno, según confirmaron fuentes fiscales.
La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados, además de que el caso sea declarado complejo. Entre las acusaciones figuran asociación de malhechores, violación sexual y delitos electrónicos, por la difusión del video del abuso en redes sociales y grupos de WhatsApp.
El hecho ocurrió en marzo de este año, pero la víctima fue alertada semanas después, cuando los videos comenzaron a circular masivamente en internet y aplicaciones de mensajería.
Hasta el momento, seis personas están bajo custodia:
- José Alfonso Rubiera Rodríguez (se entregó voluntariamente en Santo Domingo)
- Edwin Manuel Castro Guzmán (a) Guaro
- Yamir Fernando Pérez Toribio (a) Ferere
- Javier Eduardo Núñez Toribio (a) Bebe
- Oniel Rafael Pichardo Martínez (a) Contreras
- Delfry de Jesús Rodríguez (a) Yiyo
La Policía Nacional confirmó que aún queda un séptimo implicado prófugo, cuya búsqueda continúa. Además, una amiga de la víctima ha sido interrogada, ya que versiones extraoficiales la señalan como la persona que habría grabado las imágenes, dato que sigue bajo investigación.
El general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional Cibao Central, explicó que el papel de la Policía se limita a ejecutar las órdenes de arresto emitidas por la Fiscalía: “Ese es un caso que está en proceso de investigación, lo tiene la Fiscalía. Nosotros simplemente ejecutamos las órdenes de arresto. Hemos apresado seis, hay un prófugo”, indicó.
Posturas legales
La defensa de cuatro de los imputados, encabezada por el abogado Rómulo Sánchez, sostiene que los hechos habrían ocurrido en un contexto de relación consentida, mientras que la Fiscalía insiste en que se trató de un abuso sexual múltiple cometido de manera planificada.
El jurista Félix Portes calificó el hecho como “atroz”, asegurando que encuadra en tortura y barbarie según el Código Penal, y que los responsables podrían enfrentar la pena máxima de 30 años de prisión. Señaló, además, que el caso incluye múltiples agravantes: drogamiento, violaciones colectivas y prolongadas, crueldad, humillación, difusión del video y daño irreparable a la dignidad de la víctima.
Situación de la víctima
La joven continúa recibiendo atención psicológica y médica especializada, mientras sectores de la sociedad, autoridades y organismos de protección de derechos humanos dan seguimiento cercano al proceso judicial, que ha causado gran indignación a nivel nacional.
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