La solicitud de coerción detalla una operación planificada que habría incluido manipulación de evidencias y destrucción de pruebas.
CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público acusa a 11 agentes de la Policía Nacional de participar en la ejecución extrajudicial de cinco hombres durante un supuesto operativo ocurrido el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita, de Santiago. Según el expediente, seis de los implicados viajaron desde Santo Domingo para un operativo vinculado presuntamente a un caso de tráfico de armas.
Entre los señalados figuran el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo Antonio de los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación y Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, todos adscritos al Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Policía Nacional.
De acuerdo con la acusación, estos seis agentes se desplazaron a Santiago en una camioneta institucional y se reunieron con otros cinco policías en la Subdirección Regional de Investigación de la avenida Bartolomé Colón: Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Feliz Feliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad y José Octavio Jiménez Peña, pertenecientes a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM).
El operativo y la matanza
El documento judicial detalla que los once agentes acordaron trasladarse a la avenida Olímpica, próximo a Corona Plaza, donde supuestamente se desarrollaría el operativo. Salieron en tres vehículos —una camioneta Toyota Hilux, un Kia Rio y un Toyota Yaris—, cuyos movimientos fueron captados por cámaras del Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1 a las 2:15 de la tarde.
Minutos después, las víctimas —Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chase), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (La Tabla) y Edward Bernardo Peña Rodríguez— llegaron al lugar en tres vehículos distintos y se reunieron en el parqueo de la plaza.
A las 2:26 p.m., los policías descendieron vestidos de civil y abrieron fuego sin mediar palabras, según el expediente. Los cinco hombres murieron en el acto.
Manipulación de evidencias
El Ministerio Público sostiene que, tras la balacera, varios agentes sustrajeron los DVR de los negocios cercanos y confiscaron celulares para borrar grabaciones que pudieran servir de prueba.
Una testigo relató que los policías subieron hasta su vivienda, le quitaron el teléfono y revisaron lo grabado, mientras que en el establecimiento Tecnopolis, propiedad de Ramón Emilio Abreu Corona, los agentes habrían realizado llamadas y presionado al comerciante para que abriera su negocio, de donde se llevaron el sistema de cámaras.
El Ministerio Público calificó los hechos como una ejecución extrajudicial planificada, respaldada por pruebas que evidencian “una acción coordinada para ultimar a las víctimas y eliminar evidencias”.
Proceso judicial
La audiencia de medidas de coerción contra los once imputados fue aplazada para el jueves 9 de octubre a las 9:00 de la mañana, a solicitud de las defensas, que pidieron más tiempo para analizar las pruebas.
El caso ha generado indignación pública y reclamos de justicia en Santiago y Santo Domingo, al tratarse de un nuevo episodio que pone en entredicho la actuación policial y los protocolos internos de investigación.
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