CAFE DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante el mes de julio de 2025 fueron reconducidos 31,462 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, como parte del plan de fortalecimiento del control fronterizo y el cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04.
Detallaron que de ese total, 19,556 personas fueron deportadas desde los centros de procesamiento ubicados en Haina, Dajabón y Santiago. En tanto que 11,906 fueron repatriadas por los pasos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, como parte de las operaciones regulares ejecutadas en coordinación con las Fuerzas Armadas y autoridades civiles.
La DGM anunció que con estas acciones, mantiene un promedio de más de 30 mil reconducciones mensuales, resultado de una política operativa que prioriza la cobertura nacional y la respuesta eficaz ante la migración irregular.
Explicaron que durante el mismo mes de julio, la institución integró 400 nuevos Agentes de Acción Rápida (ARR), quienes fueron desplegados en 19 provincias para reforzar la presencia institucional en zonas de alta movilidad migratoria. A su vez, otro grupo de 400 jóvenes inició su formación, con el objetivo de sumarse próximamente a las labores en 12 provincias y dos municipios estratégicos, incluidos territorios de importancia ambiental y zonas montañosas.
Entre las demarcaciones que han sido priorizadas se encuentran Constanza, Jarabacoa, San Cristóbal, La Romana, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Puerto Plata, Samaná, Azua, Peravia, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, El Seibo y San Pedro de Macorís.
La entidad indicó que, para garantizar la operatividad continua, en estos puntos se establecerán unidades permanentes de la DGM que permitirán ejecutar con mayor agilidad los procedimientos migratorios, optimizar recursos y reducir los tiempos de respuesta ante situaciones irregulares, todo en estricto apego a la normativa vigente.
Según la DGM, los agentes que llevan a cabo los operativos, son capacitados bajo un programa multidisciplinario que incluye formación jurídica, operativa y de derechos humanos, con el objetivo de profesionalizar su proceder en todo el territorio nacional. Esta preparación busca asegurar actuaciones responsables, con apego al debido proceso y respeto por la dignidad de cada persona.
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