Caracas.– Nicolás Maduro arribó a su tercer mandato presidencial en enero de 2025, consolidando más de doce años consecutivos al frente del Gobierno venezolano desde que asumió formalmente la presidencia en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. Con el nuevo período constitucional (2025–2031), su permanencia en el poder podría extenderse más allá de la década actual, en un escenario político cada vez más disputado.
La reelección de Maduro en las elecciones de julio de 2024 y su posterior juramentación ocurrieron bajo un clima de acusaciones de fraude, señalamientos por falta de transparencia y un amplio rechazo de gobiernos y organismos internacionales. Durante la toma de posesión, el despliegue militar fue especialmente notable, mientras grupos opositores protestaban y denunciaban persecución política.
A pesar del aislamiento diplomático y de múltiples sanciones económicas impuestas en los últimos años, Maduro conserva el respaldo del aparato estatal y de la cúpula militar, factores que continúan garantizando su control institucional dentro del país. Expertos coinciden en que esta estructura de poder ha sido determinante para sostener su gobierno frente a las presiones externas.
Un gobierno sin alternancia y con creciente desgaste
El inicio de su tercer período profundiza la percepción de un sistema político con escasas posibilidades de alternancia democrática, lo que genera preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la comunidad internacional. La falta de reconocimiento a los comicios por parte de varios países aumenta el aislamiento del Ejecutivo venezolano y agrava la crisis de legitimidad.
Analistas advierten que Venezuela se encuentra en una encrucijada: mientras internamente el gobierno refuerza su estabilidad apoyado por el componente militar, externamente enfrenta un creciente cerco diplomático, nuevas sanciones y un deterioro en su relación con potencias occidentales.
En este contexto, Maduro sigue siendo una figura clave en la geopolítica regional. Su permanencia prolongada al mando abre interrogantes sobre el futuro político del país, la capacidad de gobernabilidad en medio de la crisis y la posibilidad —cada vez más lejana— de una transición pactada.
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