


CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, autorizó nuevamente al imputado José Gómez Canaán, conocido como "Jochy" Gómez, a salir del país, esta vez con destino a Panamá entre los días 23 y 30 de junio del presente año.
Esta es la quinta ocasión en la que la magistrada permite que Gómez, uno de los principales implicados en el caso de presunta corrupción en el contrato de semáforos inteligentes del Gran Santo Domingo, viaje al extranjero pese a las medidas judiciales que pesan en su contra.
La disposición judicial incluye la notificación obligatoria al Ministerio Público, al imputado y a la Dirección General de Migración (DGM), con el fin de asegurar el cumplimiento del levantamiento temporal del impedimento de salida del país impuesto anteriormente como medida cautelar.
Además, la jueza Padilla impuso una sanción económica a la Procuraduría General de la República (PGR), consistente en una multa de 5,000 pesos diarios por cada día de retraso en la ejecución de la orden judicial.
Jochy Gómez figura como uno de los imputados junto al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, en un proceso penal por la presunta estafa al Estado dominicano por más de 1,300 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, el supuesto fraude habría sido orquestado a través de un contrato para la instalación de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo, como parte de un ambicioso plan de modernización del tránsito urbano que, de acuerdo con las acusaciones, estuvo plagado de irregularidades.
La reiterada autorización de salidas al extranjero por parte del tribunal ha generado preocupación en sectores que exigen mayor rigor en los casos de corrupción administrativa. Sin embargo, la jueza ha sostenido que dichas salidas se realizan conforme a las solicitudes y compromisos asumidos por el imputado, dentro del marco legal permitido.
El caso continúa en fase de instrucción, y la expectativa pública se mantiene alta debido al monto envuelto en el presunto fraude y la implicación de altos exfuncionarios y empresarios vinculados al área de transporte y tecnología del país.
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