CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Interior y Policía (MIP) anunció la implementación de una gracia económica especial dirigida a los ciudadanos que posean licencias de porte y tenencia de armas de fuego vencidas por más de un año, medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
La iniciativa permitirá a los titulares regularizar su situación a un costo reducido, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y actualizar la base de datos nacional de armas de fuego.
Los solicitantes deberán cumplir con una serie de requisitos formales, médicos y legales, entre ellos:
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Fotocopia de la licencia y de la cédula de identidad (ambos lados).
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En el caso de extranjeros, presentar residencia permanente y pasaporte.
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Certificación de no antecedentes penales, emitida en los últimos 30 días (apostillada si el solicitante residió en el extranjero en los últimos cinco años).
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Prueba antidoping y de alcohol realizada en un laboratorio acreditado por el MIP.
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Evaluación psiquiátrica o psicológica, dentro de los dos días posteriores a la prueba antidoping.
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Pruebas balística y biométrica en el Laboratorio Nacional (no aplica para escopetas ni rifles).
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Pago de impuestos en línea o en el Banco de Reservas, tras recibir la preaprobación del ministerio.
Además, quienes se acojan a esta gracia económica obtendrán una reducción significativa en los pagos acumulados según el tiempo de vencimiento:
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De 1 a 4 años vencidos: pagan solo 1 año.
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De 5 a 10 años vencidos: pagan solo 2 años.
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Con más de 10 años vencidos: pagan solo 3 años.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que la medida tiene un doble propósito: facilitar la regularización de los ciudadanos y reforzar los mecanismos de control estatal.
“Con esta resolución ofrecemos una oportunidad a los ciudadanos para que se pongan al día con sus licencias, evitando sanciones y fortaleciendo la seguridad mediante un registro actualizado”, expresó Raful.
El plan está sustentado en la Resolución No. MIP-RR-0008-2025, y será ejecutado bajo la supervisión de la Dirección de Registro y Control de Porte y Tenencia de Armas, entidad encargada de garantizar la efectividad del proceso y la integración de los datos al sistema nacional.
Con esta disposición, el Ministerio de Interior y Policía busca equilibrar la regularización de usuarios con el fortalecimiento de la seguridad pública, en cumplimiento de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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