CAFE DIARIO, SANTO DOMINGO.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso advirtió este miércoles que los delitos de corrupción administrativa y lavado de activos podrían conllevar hasta 30 años de prisión bajo el nuevo Código Penal dominicano, debido al sistema de acumulación de penas que contempla esta reforma legal.
Durante una conferencia impartida en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Reynoso explicó que esta actualización legislativa endurece las sanciones para quienes atenten contra los recursos públicos, permitiendo sumar condenas cuando el acusado incurre en múltiples delitos relacionados.
"El nuevo Código introduce el cúmulo de penas. Si un funcionario o particular comete corrupción, lavado de activos y además hay asociación de malhechores, se le pueden imponer hasta 30 años de cárcel", detalló.
La procuradora indicó que la corrupción será tratada como un delito autónomo. Esto significa que las autoridades podrán perseguir cualquier acción que perjudique el patrimonio estatal sin necesidad de asociarla a otros ilícitos.
"Desde que el Código entre en vigencia, el delito de corrupción se podrá sancionar por sí solo, como lo establece el artículo 284. Toda acción dolosa que afecte fondos públicos podrá ser penalizada", subrayó.
Además, Reynoso explicó que si una persona utiliza recursos obtenidos de manera ilícita producto de actos corruptos para adquirir bienes o encubrir su origen, también será acusada de lavado de activos. En ese sentido, el castigo no solo será mayor, sino que implicará procesos más complejos y sanciones más severas.
Junto a las penas de prisión, la funcionaria señaló que quienes sean condenados por corrupción también enfrentarán multas económicas que podrían duplicar el monto sustraído y la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.
"El que robe al Estado, no solo irá a prisión, sino que quedará excluido de por vida de cualquier función pública", afirmó Reynoso con firmeza.
Finalmente, la procuradora aseguró que el Ministerio Público mantendrá una línea de actuación firme e independiente para garantizar la protección del patrimonio del Estado y combatir la impunidad, resaltando que el país ahora cuenta con uno de los marcos legales más estrictos de la región en materia de sanciones contra la corrupción.
Prevención y educación como herramientas clave
Más allá de las sanciones penales, Reynoso insistió en la necesidad de fortalecer la educación cívica y ética en todos los niveles de la sociedad para prevenir la corrupción desde su raíz.
Afirmó que la justicia no solo debe actuar cuando el delito ya se ha cometido, sino también trabajar en crear una cultura de integridad en las instituciones públicas.
En ese sentido, hizo un llamado a las escuelas, universidades, organismos gubernamentales y la sociedad civil para que promuevan valores de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. "La lucha contra la corrupción es un compromiso de todos, no solo del Ministerio Público", concluyó.
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