
República Dominicana enfrenta el desafío de convertir su liderazgo en transición energética en un modelo financiero sostenible, capaz de atraer capital internacional y consolidar su mercado de valores.
CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – La sostenibilidad de la transición energética dominicana no dependerá solo de nuevas tecnologías, sino de una arquitectura financiera moderna, regulaciones claras y una visión compartida entre el Estado, la banca y el mercado de valores.
Así lo afirmaron los panelistas del tema “Visión económica y financiera del sector eléctrico”, realizado durante el Foro ADIE 2025: Transición energética en República Dominicana, organizado por la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).
El espacio reunió a Eliza Sánchez Lomakina, directora general de Altio; Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA); y al economista Henri Hebrard, bajo la moderación de Lluvia García, presidenta del Women’s Energy Network.
Ruiz destacó que la banca múltiple dominicana ya financia el 92% de los proyectos de transición energética—tanto en renovables como en eficiencia energética— con una cartera verde que representa el 14% del total comercial, equivalente a más de RD$145 mil millones.
Recordó que desde 2019 el sistema financiero ha impulsado una agenda de sostenibilidad junto al Banco Mundial y el IFC, a través del Protocolo Verde, y enfatizó la necesidad de concluir la agenda regulatoria sobre taxonomía verde y gestión de riesgo climático para hacer los proyectos más bancables.
“Tenemos apetito financiero local e internacional, pero América Latina sigue siendo la región que menos recursos recibe para la transición. Nos urge incidir globalmente y fortalecer las reglas locales para que el dinero fluya”, señaló Ruiz.
Para el economista Henri Hebrard, la clave de la sostenibilidad financiera del sector eléctrico pasa por recuperar la confianza del inversionista y profundizar las reformas estructurales. Vinculó directamente la viabilidad de la transición con la meta presidencial de duplicar el tamaño de la economía dominicana hacia 2036, lo que implicará aumentar 50–60% la capacidad de generación eléctrica.
“El principal insumo caro hoy no es la energía, es el dinero. Sin reformas, las tasas de interés seguirán limitando las inversiones”, advirtió.
Propuso abrir parcialmente el capital de empresas estatales como Punta Catalina o el Banco de Reservas, excluyendo los segmentos estratégicos, para dinamizar el mercado accionario, atraer inversión extranjera y reducir tasas. “Un mercado de capitales más profundo sería un catalizador para toda la transición”, añadió.
Desde el sector de inversiones, Eliza Sánchez Lomakina destacó que en los últimos años el país ha canalizado más de US$6,000 millones en fondos de inversión, de los cuales US$1,200 millones están directamente vinculados a proyectos energéticos.
“La escasez no está en el capital, sino en las condiciones regulatorias y fiscales que permitan atraerlo con estabilidad”, sostuvo. Sánchez propuso acuerdos de no doble tributación y regímenes fiscales especiales para capital extranjero, además de mecanismos de capital commitment y capital call que ofrezcan seguridad a los inversionistas institucionales.
También resaltó el rol de los fondos de inversión como fuente de exploración en nuevas tecnologías energéticas: inteligencia artificial, hidrógeno verde y energía nuclear, advirtiendo que las energías renovables aún necesitan incentivos y garantías para competir con los retornos del capital tradicional.

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