CAFÉ DIARIO, MADRID (EUROPA PRESS). – El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha aprobado un plan para extender el derecho de rectificación, vigente desde 1984, a los ‘influencers’ con gran alcance en redes sociales. Esto incluye a aquellos con más de 100,000 seguidores en una sola plataforma o 200,000 en varias, quienes estarán obligados a rectificar informaciones falsas o inexactas que perjudiquen a terceros, al igual que los medios de comunicación tradicionales.
La medida busca “reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información”, según explicó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa. “Hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y falsedades”, señaló Bolaños, subrayando la necesidad de combatir la desinformación en redes sociales.
Esta iniciativa forma parte de las promesas de Pedro Sánchez tras la polémica generada por ataques mediáticos contra su esposa, Begoña Gómez, quien fue víctima de rumores infundados. Sánchez declaró que trabajaría sin descanso por una “regeneración pendiente” de la democracia española, incluyendo esta reforma para enfrentar el auge de la desinformación en línea.
El gobierno justifica la medida afirmando que algunos ‘influencers’ tienen mayor alcance que los medios tradicionales, lo que les otorga un impacto significativo en el debate público. Entre los casos más notorios se encuentran figuras como Alvise Pérez, conocido por teorías conspirativas y desinformación durante la pandemia, y Javier Negre, quien acumula sentencias por difundir bulos.
Sin embargo, la propuesta ha generado controversia entre académicos y sectores de la sociedad. La profesora Sabela Serrano, experta en Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, advirtió que equiparar a ‘influencers’ con periodistas podría desvirtuar el derecho de rectificación.
“La base del derecho de rectificación es que los periodistas pueden equivocarse obrando de buena fe. Si incluimos a quienes actúan con mala fe, estamos entrando en terreno peligroso”, afirmó Serrano. También destacó la necesidad de definir con precisión términos como “bulo” y “desinformación” para evitar inseguridad jurídica y sostuvo que la responsabilidad debería recaer en las plataformas que permiten la difusión de contenido falso.
La reforma promete agilizar los procedimientos judiciales en casos de incumplimiento del derecho de rectificación, aunque aún se desconocen los detalles del proyecto.
Mientras detractores denuncian que la reforma podría ser un intento de censura, el Gobierno insiste en que el objetivo es garantizar el derecho a la información veraz en un entorno digital cada vez más influyente.
La discusión sobre cómo abordar la desinformación en redes sociales sigue abierta, planteando interrogantes sobre los límites entre libertad de expresión y responsabilidad informativa en la era digital.
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