Por Kimberly Taveras
Para los que nuestra niñez y adolescencia se desarrollaron en la década de los 90 en la República Dominicana, hay una cosa en común: los apagones. Todos nacimos y crecimos bajo la incertidumbre de dos frases “¿Se fue ella?” y “¿cuándo lle-gará la luz?”. Me sorprendía mucho ver a los primos que venían de otros países, sorprendidos o casi al lloro porque se iba la luz. Después entendí que para ellos eso era una anormalidad y les causaba confusión. Para nosotros, era normal, no por eso dejaba de ser confuso que esas dos preguntas, no tuviesen respuesta cer- tera. Los apagones eran el tema principal de la radio, de la televisión y de todo el que no estuviese hablando de pelota.
Mi padre, Guillermo, no era ajeno a esa realidad. Como todo emprendedor, se preocupaba por el asunto, por lo que trataba de proveer soluciones que suavizaran nuestra manera de vivir. Un inversor para la casa, una planta para los negocios; eso y mantenerlas funcionando (las soluciones) era nuestro diario vivir. Me parece que así se despertó mi interés genuino por las ciencias y la energía, que es de lo que siempre les escribo. Mis preguntas de por qué se le echa gasolina a la plan- ta eléctrica o cómo funciona un inversor sin gasolina y cómo solucionar de una manera más accesible el problema, me llevaron a querer buscar respuestas en la academia. Aunque coqueteé con alguna ingeniería eléctrica, terminé estudian- do ingeniería química, especializándome en energías renovables.
Desde entonces, crear conciencia sobre el caso ha sido uno de mis grandes proyectos, pues entiendo, como decía mi padre, que “la mitad del problema está en la gente”, hoy mis hijos no sufren las precariedades de energía de esos tiempo, pero tampoco están salvos del problema eléctrico. En ese sentido y siguiendo las enseñanzas de mi padre, siempre leo con interés los informes del Ministerio de Energía y Minas, me mantienen enterada, pero sobre todo, entenderlos, propor- cionan una base para la formulación de propuestas creativas a un problema que existe, desde la misma creación de la Republica.
El reciente informe sobre el desempeño de Empresas Eléctricas Estatales, de enero a diciembre de 2023, describe la evolución de la situación del sector eléctrico y de las “distribuidoras” o empresas de distribución eléctricas estatales (EDE Norte, EDE Este y EDE Sur). Dice que, en los últimos tres años, las distribuidoras han operado con un promedio anual de pérdidas de un 35% lo que ascienden a poco más de 4 mil millones de dólares o su equivalente 236,000 millones de pe- sos. Estas pérdidas incluyen tanto pérdidas técnicas, debido a la infraestructura in- eficiente, como pérdidas comerciales, resultado del robo de electricidad y la falta de pago. Lo cual resulta alarmante, ya que tienen la responsabilidad de suministrar y fiscalizar la energía a los hogares dominicanos y son las que hacen las inversio- nes para “eficientizar las redes de distribución”.
Pongamos una lupa en esas cifras. Para el 2023, y ser más exactos, el informe del Sector Público No Financiero del Banco Central de la República, dice que para el cierre del año, el gobierno dominicano había transferido más de 75 mil millones de pesos para cubrir sus pérdidas del año, lo que significaba que el 36% del défi- cit fiscal de ese año, poco más de 209 mil millones de pesos, era explicado por el sector eléctrico. En cuanto al PIB, del 3.1% que representa el Déficit Fiscal, 1.1% es debido a los subsidios al sector en cuestión.
¿Por qué son las pérdidas? Los entendidos del sector indican que una de las principales razón es la ineficiencia en el cobro. El informe dice que las EDES alcanzaron a cobrarle solo a 7 de cada 10 (tasa de cobranza de 68%) dominicanos que están “enganchados a sus redes”. Para que tengan una idea, según el World Economic Forum, y El Banco Mundial, los sistemas de distribución de energía en otros países de América Latina suelen tener tasas de cobranza más altas. Por ejemplo, la tasa de cobranza promedio en América Latina y el Caribe es del 87%, co- mandados por Chile donde alcanza un 98%, significativamente superior a la de la República Dominicanaque se queda en el lugar 14 de la región. ¿Que dicen las EDES?, dicen que esto se debe a que no tienen los recursos necesarios para medir la cantidad de energía que consumen los ciudadanos, es decir, carecen de recur- sos de capital, contadores, redes eficientes y recursos humanos capacitados. Esto quiere decir, que las EDES fallan en una de su principal misión, cobrar la energía que distribuyen.
Para combatir estos males, en 2012 la sociedad dominicana se puso de acuer- do para aprobar la Estrategia Nacional de Desarrollo, una ley que, entre otras cosas, planteaba objetivos que garantizarían la anhelada sostenibilidad energética y que debía abocar al país a un muy nombrado Pacto Eléctrico. Sin embargo, 12 años después, aún no se ha logrado. Desde el 2020, se han hecho muchos avan- ces en materia de cumplimiento de estos objetivos, como el Plan de Expansión de la Generación y la diversificación de la matriz energética en base a energía renova- ble, esto último en el entendido de abaratar y garantizar el suministro y cumplir acuerdos internacionales frente al cambio climático.
Pero, ¿cuál es la cura, se preguntarán? Arreglar el desorden eléctrico llevará unos años más. Para avanzar en la discusión y como legisladora electa, debo ser responsable y, más que criticar, es mi responsabilidad proponer. En ese sentido, en primer lugar, necesitamos definir de una vez por todas el Pacto Eléctrico, pero que ese pacto vaya de la mano con una Ley de Eficiencia Energética que fomente la instalación de paneles solares en edificaciones públicas y privadas para suminis- trar energía a las áreas comunes. Además, dicha ley debe crear el ambiente que garantice una política adecuada de uso de la energía, que incluya educación sobre el uso eficiente de la energía y la adopción de tecnologías que eficienticen el con- sumo, entre otros aspectos.
Segundo, no podemos seguir bajo la política de subsidios generalizados. Los subsidios al servicio eléctrico deben focalizarse, trasladándolos de las empresas distribuidoras a los organismos de asistencia social del país. Según la Oficina Nacional de Estadística, para el 2022, solo 1,327,347 dominicanos eran beneficia- rios del programa de subsidio social BONOLUZ, para el cual se invertía un poco más de 5,625 millones de pesos, es decir, un 7% de los subsidios dedicados al sec- tor eléctrico ese año. Sin embargo, actualmente, todos los consumidores, indepen- dientemente de su capacidad económica, reciben subsidios, lo que desalienta el pago completo de las facturas. Si bien esta medida puede ser compleja de admi- nistrar y podría excluir a algunos necesitados, es un paso hacia una mayor eficien- cia y equidad.
Para eso, se puede generar mayores presupuestos a organismos como el El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) en la República Dominicana es una entidad gubernamental encargada de la identificación y clasificación de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Su principal objetivo es proporcionar da- tos y herramientas que permitan una adecuada focalización de los programas so- ciales del gobierno. El Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN, cuyo principal obje- tivo es proporcionar datos y herramientas que permitan una adecuada focalización de los programas sociales del gobierno.
Tercero, debemos lograr que los incentivos a las energías renovables sean ga- rantizados al menos hasta el año 2040, para asegurar la continuidad de la transición energética y añadir hasta un 50% de acumulación en baterías. Aunque esto podría representar una carga fiscal significativa y enfrentar desafíos tecnológicos, es crucial para nuestro futuro energético.
Cuarto, y aunque pueda no agradar a muchos, propongo la privatización de la comercialización de la energía, permitiendo que la medición y los cobros sean gestionados por el sector empresarial a cambio de un porcentaje de la facturación. Esta medida podría aumentar la eficiencia y reducir pérdidas, aunque tam- bién conlleva riesgos de abuso y desigualdad en el acceso al servicio.
Es cierto que inicialmente estas medidas pueden tener un costo alto y encon- trar resistencia, pero son esenciales para resolver de manera eficiente el problema más costoso que tiene cualquier país, incluido el nuestro: el problema eléctrico
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