CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader emitió el decreto 385-24 para establecer la Comisión de Reformas del Estado, la cual será responsable de coordinar la planificación, elaboración e implementación de reformas normativas, institucionales y administrativas, tanto generales como sectoriales, promovidas desde el Poder Ejecutivo.
Según la disposición gubernamental firmada el 15 de julio, la comisión estará integrada por Darío Castillo Lugo, designado como Comisionado de Reformas; Sigmund Freund, Ministro de Administración Pública; Joel Santos, Ministro de la Presidencia; Pavel Isa, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; Jochy Vicente, Ministro de Hacienda; Antoliano Peralta, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo; y Peter Prazmowski, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
El decreto también establece que el presidente de la República podrá designar un director ejecutivo, previa recomendación del comisionado, quien tendrá derecho a opinar pero no a incidir en las decisiones.
El Comisionado para las Reformas del Estado estará funcionalmente subordinado al presidente de la República, al cual rendirá cuentas de su labor. Contará con el apoyo administrativo y presupuestario del Ministerio de la Presidencia, y podrá conformar equipos de trabajo profesionales, técnicos y administrativos según sea necesario.
En casos específicos donde se designe un comisionado para una reforma particular, estas estarán fuera del ámbito de competencia de este decreto, y una vez cumplidos sus objetivos, la comisión cesará sus funciones.
Además, se especifica que el comisionado coordinará todas las actividades relacionadas con el objetivo de la comisión, incluyendo convocatorias, dirección de sesiones de trabajo, elaboración de informes, seguimiento de acuerdos, coordinación interinstitucional, toma de decisiones administrativas y rendición de cuentas.
El decreto también establece que todos los entes y órganos de la administración pública bajo el Poder Ejecutivo brindarán la colaboración necesaria al Comisionado para las Reformas del Estado, dentro del marco de sus competencias y conforme a los principios constitucionales que rigen la administración pública.
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