CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO.- En la era digital, donde cada clic deja un rastro, la privacidad se ha convertido en un derecho fundamental en peligro constante. Las redes sociales, las aplicaciones móviles y las compras en línea recolectan datos personales de millones de usuarios a diario. Esta práctica, aunque disfrazada de innovación, puede traducirse en vulneraciones a la intimidad, lo que invita a la reflexión en estos casos.
De esta forma, en cuanto al marco normativo, la Constitución Dominicana reconoce el derecho a la privacidad, protegiendo a los ciudadanos contra injerencias arbitrarias en su vida privada y familiar. Este aspecto constitucional se complementa con la Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales, que regula el tratamiento de la información personal, obligando a las entidades a obtener el consentimiento explícito de los titulares y a implementar medidas de seguridad adecuadas. No obstante, la realidad demuestra que muchas de estas prácticas pasan desapercibidas o son ignoradas, dejando a los usuarios en una posición vulnerable frente a posibles usos inadecuados.
Por otro lado, la recopilación masiva de información no es un fenómeno aislado. En los últimos años, empresas tecnológicas han perfeccionado modelos de negocio que dependen de estos datos, utilizando desde preferencias de consumo hasta patrones de navegación para personalizar ofertas y servicios. Aunque esto puede parecer beneficioso, las implicaciones éticas y legales se encuentran involucradas en este punto. Casos de perfilado excesivo, manipulación de decisiones y brechas de seguridad evidencian los riesgos de un manejo irresponsable de esta información.
Asimismo, la inteligencia artificial (IA) ha ampliado la capacidad de analizar y procesar datos en cantidades inimaginables. Estas herramientas, aunque poderosas, plantean interrogantes críticas: ¿dónde están los límites entre la innovación tecnológica y la invasión a la privacidad? En este sentido, las normativas actuales, aunque necesarias, requieren modernización y adaptabilidad para responder a estos desafíos emergentes.
Ahora bien, no toda la responsabilidad recae en las compañías. Los ciudadanos tienen un rol clave en la protección de sus propios datos. Por ejemplo, conocer los términos y condiciones, limitar el acceso que brindan a plataformas digitales y adoptar una postura crítica ante el uso de aplicaciones son pasos esenciales. Sin embargo, este cambio cultural exige educación y concienciación, no solo en el ámbito individual, sino también en la esfera pública.
Por último, el comercio electrónico y las inversiones extranjeras son escenarios que dependen en una medida importante de la confianza en la gestión de datos personales. Un país que prioriza la privacidad de datos no solo protege a sus ciudadanos, sino que también se posiciona como un destino confiable para hacer negocios.
En síntesis, la privacidad no es un privilegio, es un derecho básico que exige respeto y protección. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de demandar mejores prácticas y exigir regulaciones efectivas. En esta era de datos masivos, no se trata solo de adaptarse a los avances tecnológicos, sino de garantizar que estos avances estén al servicio de la justicia, la equidad y el bienestar de todos.
No Comments yet!