CAFE DIARIO, SANTO DOMINGO.- .- El proceso de aprobación del nuevo Código Penal en República Dominicana enfrenta una fase crítica, ya que los hallazgos de errores y posibles modificaciones en el proyecto de reforma mantienen a la Cámara de Diputados trabajando en sesión permanente para analizar meticulosamente las observaciones presentadas por la Procuraduría General de la República.
La situación actual representa un momento decisivo en la tramitación de esta importante pieza legislativa, que ha estado en desarrollo por más de dos décadas. La iniciativa será sometida a un estudio minucioso con el objetivo de corregir las fallas identificadas en el texto que llegó desde la Cámara Alta, donde fue aprobado este lunes pasado, según confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
El proceso de revisión se intensificó después de que la procuradora general Yeni Berenice Reynoso fuera escuchada por los congresistas en el salón de comisiones. Sin embargo, la funcionaria mantuvo un perfil discreto respecto al contenido de sus recomendaciones, rehusando hablar a los medios de comunicación que aguardaban a la espera de entrevistarla a su salida de la reunión.
De acuerdo a los diputados que integran la comisión coordinadora, las sugerencias presentadas por Berenice Reynoso incluyen modificaciones sustanciales a aspectos procedimentales del código. Entre las principales observaciones se encuentra la propuesta de que a la hora de requisar un vehículo, no se requiera la presencia obligatoria de un fiscal, lo cual representa una posición contraria a lo que fue originalmente aprobado en el Senado.
Otra recomendación significativa de la funcionaria del Ministerio Público se refiere a los procedimientos de detención y allanamiento. Específicamente, solicitó que cuando se proceda a arrestar o hacer un allanamiento a un ciudadano, estas acciones no se graben con ningún dispositivo electrónico, una posición que también contradice lo establecido en la versión actual de la pieza legislativa.
Estas sugerencias han generado un proceso de análisis intensivo en la Cámara Baja, donde los legisladores buscan encontrar un equilibrio entre las recomendaciones del Ministerio Público y los objetivos originales del código. El presidente Pacheco ha mantenido una actitud optimista sobre la posibilidad de alcanzar consensos que permitan avanzar con la aprobación.
«Y quiero decirte que logramos grandes e importantes avances y acuerdos que incluyen a la Procuraduría, al Senado de la República y obviamente a la Cámara de Diputados, que es donde está el proyecto. Estamos en el mejor interés de que haya Código mañana y yo estoy muy optimista», declaró Pacheco, transmitiendo confianza en el proceso de negociación.
El compromiso con la aprobación de la normativa es firme por parte de la dirigencia legislativa. «Le garantizamos que va a haber Código Penal en esta legislatura», afirmó categóricamente el presidente de la Cámara, estableciendo un compromiso público con la conclusión exitosa del proceso legislativo antes del final del período actual.
Para abordar las complejas diferencias técnicas, se ha establecido un mecanismo especial de trabajo. «Lo que vamos a hacer en este caso, estamos haciendo prácticamente una comisión de técnicos y legisladores bicameral, donde van a participar de ambas cámaras para que lo que se decida ahí sea palabra de Dios», explicó un legislador, describiendo un enfoque colaborativo que busca integrar la experiencia técnica con la perspectiva legislativa.
Sin embargo, los diputados han sido claros sobre los límites de este proceso de consulta. «Lo que esa comisión acuerde con la Procuraduría no es vinculante para el Pleno, es simplemente escuchar su opinión y tratar de conciliar con ello propuestas de modificación a lo aprobado en el Senado», aclaró un representante, preservando la autonomía legislativa en el proceso de toma de decisiones.
La estructura del proceso respeta la separación de poderes y la soberanía legislativa. «Hay un Pleno que tiene soberanía y legisladores que tienen su soberanía como tal y su fuero de legislador que no puede ser permeado por el trabajo que haga esta comisión, que simplemente es una especie de entendimiento para buscar soluciones, a lo cual vamos nosotros con la Procuraduría», enfatizó un diputado.
El objetivo es «mejorar lo que vino del Senado de la República, pasarlo al Pleno y ya el Pleno, que es soberano, puede decidir si aprueba lo que nosotros vamos a aportar y pasarlo al Senado de la República para que estos entonces lo vuelvan a conocer», describiendo el proceso de ida y vuelta entre las cámaras que podría ser necesario para alcanzar un texto definitivo.
Los legisladores reconocen los desafíos, pero mantienen el optimismo. «Yo creo que hay condiciones, lo que sí exige un sacrificio mayor de nosotros», admitió un diputado, reconociendo que el proceso requerirá esfuerzos adicionales pero expresando confianza en la viabilidad del objetivo.
La agenda legislativa está claramente definida para los próximos días. Será en la sesión de este viernes a partir de las 10 de la mañana que la Cámara de Diputados se apresta a conocer formalmente el nuevo Código Penal, junto con la nueva normativa laboral que fue aprobada este jueves, estableciendo una jornada legislativa de particular importancia para el país.
Este proceso representa no solo la culminación de décadas de trabajo legislativo, sino también un ejercicio de coordinación institucional entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público, buscando producir una normativa penal que sea tanto técnicamente sólida como operativamente viable para el sistema de justicia dominicano.
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