CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura un proyecto de ley que establece una cláusula de conciencia como un derecho de los periodistas en sus funciones.
En esencia, lo que busca el proyecto es indemnizar a los periodistas que renuncien de medios de comunicacióncon las mismas compensaciones de uno despedido. La remuneración sólo sería pagada si el periodista renunció por alguna línea informativa que afecta su honor, reputación o intereses morales.
El artículo ocho del proyecto establece que los derechos económicos y laborales pueden ser exigidos por los periodistas cuando el medio de comunicación presente "un cambio notable y sustancial" en su línea informativa o línea ideológica, siempre que los nuevos criterios "afecten" a los empleados periodistas.
En este caso, la cláusula de conciencia dispuesta en el proyecto de ley permitiría al periodista "liberarse de sus obligaciones con la empresa" y, por tanto, recibir todas las indemnizaciones laborales que recibiría un empleado despedido.
También, la pieza dispone las facilidades a favor de los empleados si el medio de comunicación traslada al periodista a otro medio del mismo grupo que, por su línea informativa, suponga una ruptura con la orientación profesional del informador.
Antes de aprobar el proyecto, el diputado Elpidio Báez explicó que la cláusula de conciencia "no se daría de la forma más fácil", sino que sería competencia de un tribunal laboral dilucidar si la renuncia de un periodista a un medio se dio por cambios en el lineamientos informativo.
"Entonces recaerá sobre un juez laboral de terminar si la decisión del periodista es conforme a la ley que estamos aprobando hoy y al Código Laboral", sostuvo el legislador.
De su lado, el proponente del proyecto, diputado Tobías Crespo, detalló que la iniciativa fue estudiada por meses en una comisión en la que el Colegio de Periodistas Dominicanos y el Ministerio de Trabajo acudían constantemente a presentar sus observaciones.
Crespo dijo que la ley de cláusula de conciencia "es una deuda" del Congreso al país, ya que la normativa está contemplada en la Constitución del 2010.
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