CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en coordinación con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), presentó este miércoles un informe exhaustivo sobre las violaciones a la normativa en tres procesos de licitación pública del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) durante el año 2024.
El análisis detallado de los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 y INABIE-CCC-LPN-2024-0012, destinados a la adquisición de utilería escolar, incluyó entrevistas a 29 personas, revisión documental y solicitudes de información a diversas entidades estatales.
Los hallazgos revelan graves violaciones a la Ley 10-07 de Control Interno y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
En un comunicado de prensa informaron que, en virtud de la gravedad de estos hallazgos, el expediente completo ha sido remitido a la Procuraduría General de la República para los fines legales correspondientes.
Entre las principales violaciones identificadas se destacan la flexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios y la aplicación de medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas.
Asimismo, se detectó una preocupante falta de uniformidad en los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados.
Durante el desarrollo de la investigación se identificaron indicios relevantes que apuntan a la existencia de conflictos de interés y posibles prácticas anticompetitivas, específicamente actos de colusión entre oferentes.
Según el comunicado, estos indicios surgen a partir del análisis de vínculos societarios y personales entre representantes legales de distintas empresas participantes, lo cual sugiere una coordinación previa orientada a influir de manera indebida en los resultados del proceso de contratación.
Indicaron que estas acciones comprometen los principios de equidad, libre competencia y transparencia que deben regir las contrataciones públicas, y constituye una infracción a la normativa vigente, razón por la cual estos hallazgos también serán remitidos a las autoridades competentes para su investigación especializada, incluyendo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).
Se recuerda que la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendó suspender el registro y procesamiento de cientos de contratos, así como la ejecución de pagos vinculados a estos, hasta tanto terminen las investigaciones que aun se encuentran en curso.
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