CAFÉ DIARIO, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- Luego de que se hizo pública la preocupación por la contaminación en la Presa de Hatillo, ubicada cerca de Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez, los residentes de comunidades cercanas reiteran su llamado a las autoridades para que implementen medidas inmediatas que protejan la salud de la población y el ecosistema.
Es considerado es el mayor lago de agua dulce de las Antillas Mayores. A través de una nota de prensa se dio a conocer la preocupación de los ciudadanos ante la coloración verdosa en la Presa, fenómeno que se ha intensificado en varias zonas y que, según ellos, podría derivar en brotes de enfermedades para las familias que dependen directa o indirectamente de sus aguas.
En diciembre de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la coloración verde observada se debía a una floración de algas, tras un levantamiento técnico realizado por especialistas junto al personal del Parque Nacional Aniana Vargas.
Sin embargo, los residentes aseguran que las pruebas de laboratorio realizadas por ellos mismos evidenciaron contaminación bacteriana y química, incluyendo coliformes totales, Pseudomonas, estreptococos fecales, así como altas concentraciones de cianuro, fosfatos y otros elementos que representan un riesgo para la salud pública.
“El agua no solo se ve verde, también tiene un mal olor fuerte. Aquí hay niños y envejecientes, y nadie nos ha explicado qué riesgos reales estamos corriendo”, expresó una residente que prefirió mantener el anonimato. Otro comunitario agregó: “Nos dicen que son algas, pero el color sigue igual y nadie viene a darnos la cara. Nosotros vivimos de esta presa, pescamos aquí y usamos el agua todos los días”, señalaron.
Agricultores de la zona también alertaron sobre el impacto económico y sanitario: “Si esta agua está contaminada, también lo están nuestros cultivos. No podemos esperar a que aparezcan enfermedades para que entonces actúen”.
Los denunciantes hacen un llamado directo a las autoridades ambientales y sanitarias para que realicen estudios independientes, transparentes y continuos, socialicen los resultados con la población y ejecuten medidas inmediatas que protejan el ecosistema y la salud de las comunidades.
Mientras tanto, aseguran que mantendrán la vigilancia y continuarán exigiendo respuestas concretas frente a lo que consideran una amenaza latente para el medio ambiente y la salud pública.
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